Desde el cambio de mando del 11 de marzo, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Natalia González, se ha reunido con el Presidente José Antonio Kast y con los ministros Claudio Alvarado (Interior) y José García Ruminot (Segpres). ¿La razón? Promover que se apure la discusión de las mejoras a la Ley de Transparencia -coloquialmente llamada Transparencia 2.

0-, que están ingresadas en un proyecto de ley que duerme en el Senado desde 2018. González promueve ponerle urgencia a ese proyecto, pero también incorporarle mejoras ya que, dice, a estas alturas lo existente ha quedado obsoleto con las nuevas tecnologías, especialmente en temas como transparencia de los algoritmos que usan las instituciones del Estado. Eso en un contexto en que, explica, han ido en aumento las solicitudes de información de la gente y también los recursos de amparo interpuestos ante el CPLT cuando se deniegan estas solicitudes.

¿Qué espera que ocurra con la nueva Ley de Transparencia? La Ley de Transparencia fue bien revolucionaria para su momento. Ponía obligación al Ejecutivo de publicar una serie de antecedentes y responder solicitudes de información de un tercero.

Pero de esa ley vamos a cumplir 17 años y ha ocurrido mucho entremedio, desde avances tecnológicos, una Ley de Transformación Digital. Ha ocurrido que el Estado está ocupando nuevas tecnologías, algoritmos públicos, para tomar decisiones. Después, han ocurrido diversos casos de corrupción con un foco bien intenso en municipios, corporaciones y fundaciones asociadas a municipios.

Pero las corporaciones no están explicitadas en la ley, y cuando queremos hacerles exigible la ley de transparencia muchas de ellas nos dicen “no quedamos sujetas a la ley”. Particularmente las corporaciones han estado en la mira. Y eso tiene una serie de problemáticas.

Porque cuando tú les dices “transparente en qué están ejecutando los recursos públicos” nos dicen “es que usted no tiene las competencias”. Y nos disputan en las cortes y pueden pasar años. La Contraloría ha emitido un dictamen en que dijo que están sujetos a la ley.

Tenemos unas propuestas que hicimos de un proceso participativo. ¿Y qué proponen mejorar? Una es llevar a cabo al pie de la letra lo que dice la Constitución.

Tenemos que facilitar el acceso a la información y ver si hay obstáculos. Uno de esos obstáculos son los vacíos legales en las corporaciones municipales y en materia de nuevas tecnologías. Hay órganos que dicen “no vamos a entregar información sobre algoritmos”.

Hay un catálogo interesante de transparencia que hoy se quedó corto. Si tú quieres saber a nivel estadístico cuántas licencias médicas hay en un organismo, tienes que pedir esa información. ¿Por qué si debería estar en transparencia activa?

También se habla de incorporar a otros organismos públicos a mayores obligaciones de transparencia, como el Congreso, la Contraloría, las mismas corporaciones. ¿Por qué debieran haber instituciones blindadas de la transparencia? Si estás cumpliendo una función administrativa y estás recibiendo recursos públicos, tú como institución, tus actos, tus procedimientos, tus resoluciones, tus fundamentos, debieran ser públicos.

Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto. Respecto de los poderes del Estado -Judicial y Legislativo-, hoy están sujetos a la Ley de Transparencia, pero de una forma más tenue. Si ellos no publican información, ¿qué organismo los fiscaliza?

Lo que nos dice la teoría es que tú debieras tener un órgano externo que te supervise. Aquí ningún órgano debiera sentirse tan autónomo al nivel de la autarquía. No se trata de ir a invadir sus funciones ni el mérito de sus decisiones, sino simplemente ver el cumplimiento en materia de transparencia como la Constitución exige.

Hay estudios bien interesantes que dicen que en países que tienen libertad de prensa y acceso abierto a internet, como es el caso chileno, las leyes de transparencia sí contribuyen al combate contra la corrupción. Lo que no nos parece de otros poderes del Estado es que sean ellos mismos quienes se fiscalicen en materias de transparencia. ¿Por qué la nueva ley aún duerme en el Congreso?

Ese proyecto es un buen punto de partida, jamás un punto de llegada. Es un avance respecto de la ley actual, pero no es el avance final después de transcurridos ocho años. Llegó al Senado y el proyecto se atascó en su trámite legislativo.

¿Por qué? No quiero adjudicar intenciones al atasco en el avance legislativo. Sí puedo entender que haya resistencias institucionales, pero no las comparto.

Tenemos desafíos en gestión. Las personas quieren ver mejoras en la gestión en todo aparato estatal y la transparencia contribuye a eso y a la confianza institucional. ¿El gobierno comprometió apoyo?

Vimos buena disposición y buena voluntad en la línea de que el Estado está al servicio de las personas. Nos comprometimos a hacer un trabajo en que ellos iban a revisar en detalle nuestras propuestas. No les podemos pedir que de esa reunión se manifieste un acuerdo pleno, pero sí vimos mucha disposición y voluntad de avanzar.

Vimos voluntad de la Secretaría General de la Presidencia de avanzar, de efectivamente presentar indicaciones y de que este proyecto pueda avanzar. Ustedes hicieron un estudio sobre municipios y, aunque aumentó el nivel de cumplimiento, siguen al debe en ciertas materias. Efectivamente, el promedio este año subió.

Eso es una buena noticia. Pero cuando hacemos una lupa en las materias donde se dan los cumplimientos y los incumplimientos es donde prendemos las luces de alarma. Por ejemplo, el presupuesto que se ejecuta, las compras que hacen fuera del portal de compras públicas.

Cuando vemos a los funcionarios que tienen contratados y para qué. Hay un patrón de incumplimiento en materia presupuestaria, en materia de compras públicas que no es razonable, tolerable ni aceptable.