La decisión del Gobierno de publicar un reporte semanal de homicidios reabrió el debate sobre el uso político de las cifras de seguridad. Aunque presentada como una medida de transparencia, especialistas advierten que no introduce información nueva, sino que cambia el contexto en el que se comunica. En ese contexto, la socióloga Natalia Silva, exjefa de División del Ministerio de Seguridad Pública, sostuvo -en conversación con El Mostrador– que el cambio no es técnico, sino comunicacional: el dato deja de ser una herramienta operativa para transformarse en un elemento de agenda pública.

Silva ya había analizado esta decisión en una columna de opinión titulada “El riesgo del contador semanal de homicidios”. Ahora profundiza la idea, advirtiendo que se generan efectos relevantes: se instala un “hito semanal” que puede influir en la percepción ciudadana, desplazar datos consolidados y tensionar la narrativa sobre seguridad, especialmente considerando que las cifras muestran una tendencia a la baja desde 2022. Si el reporte semanal no aporta información nueva y ya era utilizado internamente, ¿qué cambia realmente al hacerlo público?

Técnicamente, nada. El Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) ya procesaba semanalmente las cifras de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desde 2023 para su uso interno y operativo en los comités policiales. Lo que cambia ahora es el destinatario de la información.

Esta deja de ser un insumo de gestión policial, para convertirse en un hito comunicacional. Esa reconfiguración tiene consecuencias políticas. Primero, el Gobierno adquiere un hito semanal, independientemente de si hay o no novedades sustantivas en el comportamiento del fenómeno.

Segundo, la cifra preliminar pasa a ser la cifra de referencia pública, desplazando en la agenda comunicacional al dato validado del CPHDV, que se publica semestral y anualmente. Tercero, el Gobierno se posiciona como el actor de “la transparencia” en esta materia. En resumen: el contenido no cambia, pero el encuadre sí.

Y eso es una decisión política, no técnica. ¿Qué efectos puede tener usar cifras preliminares en la percepción de la violencia? En la práctica, si una semana el reporte preliminar indica 25 homicidios y la cifra validada resulta ser 18 tras la corrección del Ministerio Público, el desajuste no genera un titular de corrección, sino que simplemente desaparece.

Incluso si sucediera a la inversa. El resultado concreto es la percepción de violencia sobreestimada respecto de la realidad. ¿Qué se pierde al priorizar datos policiales por sobre cifras validadas?

Lo primero que se pierde es el trabajo interinstitucional del CPHDV, organismo técnico que consolida información con once instituciones —Ministerio Público, SML, Registro Civil, Gendarmería, además de las policías, y otras instituciones— lo que permite identificar otros fenómenos como el hallazgo de cadáver, por ejemplo. Lo segundo que se pierde es de carácter metodológico y tiene que ver con la temporalidad. Además, sin validación cruzada, no hay rigor.

Y el rigor fue lo que los organismos internacionales reconocieron en el trabajo de nuestro país. Esto lo dijo también Rodrigo Ubilla, Juan Francisco Galli y Felipe Harboe. ¿Cómo tensiona esto la narrativa de crisis en seguridad?

Los datos consolidados muestran una reducción acumulada superior al 24% desde el peak de 2022, con tres años consecutivos de baja y una tasa de 5,4 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2025. En ese escenario, el actual Gobierno enfrenta una contradicción: la evidencia disponible, generada por las instituciones, no sostiene la narrativa de crisis con la que ganó la elección y con la que justifica sus prioridades en el congreso. Para resolver esa contradicción sin renunciar a la narrativa, el reporte semanal cumple otra función: desplaza la atención del dato de tendencia —que va a la baja— al dato semanal que siempre existirá, porque los homicidios no llegarán a cero nunca.

Finalmente, el riesgo institucional de largo plazo es que esta opción que tomó el gobierno erosione la credibilidad de las estadísticas que el propio Estado construyó con esfuerzo durante los últimos treinta años. ¿Puede este “termómetro semanal” influir en el clima social? Durante el COVID-19, el reporte diario de casos y muertes generó un estado de alerta que hizo políticamente viable una batería de medidas excepcionales que en circunstancias normales habrían enfrentado resistencia.

Lo mismo pasa en seguridad. La exposición permanente a cifras de muertes violentas, presentadas semana a semana eleva la percepción de inseguridad.