Al respecto, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) coincidió con el ministro arguyendo que "la rigidez de las medidas propuestas podría provocar la desaparición de hasta el 80% de los viajes. Aquí el desafío es claro: garantizar mayor seguridad tanto para los pasajeros como para los conductores, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio. Tenemos que ser cuidadosos y hacer los ajustes necesarios para no perjudicar justamente a quienes dependen de este sistema día a día".
Si bien el diputado Fabián Ossandón (PDG) criticó que "no es posible que hoy tengamos una ley aprobada, pero sin un reglamento claro para su aplicación", llamó a que no se saque adelante "con cualquier reglamento, sino con uno moderno, realista y centrado en la seguridad, tal como ocurre en otros países donde existen reglas claras e incluso zonas definidas para este tipo de servicios". "Lo que hoy corresponde es una regulación equilibrada que ordene el sistema y permita que esta industria funcione de manera segura y eficiente en beneficio de todos", sostuvo. Senadora Flores: Reglamento "es excesivo" En diálogo con Emol, la presidenta de la comisión de Transportes del Senado, Camila Flores (RN), indicó que "sin duda el reglamento de lo que es conocido como la nueva ley Uber necesitaba tener modificaciones.
Como estaba planteándolo el gobierno anterior, implicaba una consecuencia directa, no solamente en la calidad del servicio, sino que también en el aumento de los costos para los pasajeros que deciden utilizar este medio de transporte. Así como una serie de situaciones que no hace competitiva precisamente esta actividad, y por lo tanto modificarlos con cosas que son muy importantes". "Bajar, por ejemplo, la antigüedad de los vehículos.
Se estaba pidiendo en el reglamento un año, por cierto, que eso nos parece que es excesivo", apuntó. Y añadió que "desde la Comisión de Transporte del Senado vamos a estar, por cierto, muy de cerca siguiendo estas modificaciones al reglamento, porque esperamos que esta industria se pueda dinamizar, que los pasajeros efectivamente encuentren un servicio que sea competitivo, por lo tanto, que el mercado regule con precios que sean más baratos donde la gente pueda elegir, con un buen servicio, por cierto, pero también con tiempos que ojalá se reduzcan en la espera de las personas que utilicen este medio de transporte y que ojalá también se puedan masificar a lo largo de todo el país. Tener una industria del transporte competitiva entre Uber, taxis, microbuses, en fin, es sumamente importante para nosotros".
Por otro lado, el senador e integrante de la comisión, Alejandro Kusanovic (Ind), consideró que "no pueden existir diferencias entre las exigencias del Decreto 212 para los todos los tipos de taxis y las regulaciones para plataformas; las condiciones deben ser equivalentes, de lo contrario, se valida una competencia desleal. Asimismo, al tratarse de un servicio remunerado, es imperativo mantener garantías estrictas de seguridad y estándares de calidad". En esa línea, advirtió que "es un error pretender garantizar fuentes de trabajo mediante la reducción de normas y niveles de seguridad en el servicio.
Lamentablemente, la Ley de Aplicaciones de Transporte (EAT) fue fruto de un diagnóstico erróneo o malo que derivó en una solución deficiente. Solo bastaba comprender que las aplicaciones no constituyen un sistema de transporte distinto o nuevo, sino un canal moderno de llamado y despacho de vehículos; en esencia, un "Radio Taxi" digital moderno". "La solución técnica era liberar el parque de taxis e integrar modalidades tecnológicas para todos, incluso agregando e-Taxi al Decreto 212, manteniendo reglas iguales para todos y un estándar de servicio que garantice la seguridad del usuario.
No era necesaria una ley nueva para esto; por esa razón, voté en contra de este proyecto ilógico y sostengo que dicha ley debe ser derogada", reprochó.