No es novedad que la tercerización de servicios del Estado llega hasta lo más mínimo. Se expande a prácticamente todo lo que tenga que ver con él. Los programas que abordan la complejidad de temas de vulnerabilidades a las que se ven expuestas las infancias y adolescencias son una más de las tantas licitaciones estatales a las que postulan Fundaciones y ONG para ejecutar los programas.

Fundación Tierra de Esperanza lleva cerca de 30 años recibiendo financiamiento de lo que ellos nombran como “socios estratégicos”: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Servicio Nacional de Protección Especializada para la Niñez y Adolescencia, y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ejecutando programas de diferentes complejidades en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Metropolitana. Algunos de estos programas son PAI (Programa Ambulatorio Intensivo de SENDA), PDE (Programa de Protección Especializada de Reinserción Educativa de Mejor Niñez), PDC (Protección Especializada en Consumo de Alcohol y Drogas del Servicio Mejor Niñez), PRM (Programas de Reparación en Maltrato de Mejor Niñez), LAE (Libertad Asistida Especial) y PEE (Programa de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente dependiente del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia), en los que trabajan más de mil personas, entre funcionarios y profesionales, y en los que los mismos trabajadores denuncian cómo se desempeñan en precarias condiciones. Luego de tres años, las y los trabajadores de la fundación hoy se ven enfrentando su segundo proceso de negociación colectiva, el cual no se da a partir de un conflicto como tal, sino que corresponde a un proceso legal, que le permite al empleador negociar, cada cierto tiempo, mejores condiciones laborales para sus trabajadores, mejoras que según el mismo sindicato, son urgentes.

Si bien se trata de una instancia legal, no está exenta de cláusulas. Es la Ley Nº20. 940 la que regula las negociaciones colectivas.

Sin embargo, esta fue una reforma que se hizo al Código del Trabajo el año 2016 con la Reforma Laboral, en particular sobre el tema de la negociación colectiva. Mas esa reforma no modificó el inciso del artículo 304 que contiene la exclusión de la negociación colectiva en las empresas que se financien directamente por el Estado en más de un 50% en los últimos 2 años. La actual jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, y que ha sido también confirmada a través de los tribunales, es que, para que a las empresas les aplique esta exclusión, tiene que ser un financiamiento directo a través de la ley de presupuesto.

En el caso de Tierra Esperanza, y según lo que señala el abogado Miguel Downey de la Defensoría Popular, “la Inspección dijo que no era un presupuesto directo porque funciona a través de la licitación o adjudicación de proyectos, por lo tanto, es indirecto o condicional, es decir que no les aplica, y por eso el sindicato pudo iniciar un proceso de negociación colectiva. La fundación sigue impugnando ese proceso, pero esperamos que se confirme que los trabajadores y trabajadoras de la fundación sí tienen el derecho a negociar colectivamente”. Al tratarse de una organización que recibe aporte estatal, la negociación se da en términos específicos y de tensión, según señalan trabajadores afiliados a su sindicato, al cual pertenecen 116 personas, de alrededor de mil trabajadores que se desempeñan en la fundación.

El mismo abogado indica que, la baja afiliación al sindicato se debe al temor que genera en las y los trabajadores sindicalizarse y perder el trabajo, o bien, que empeoren aún más sus condiciones laborales. El sindicato de Fundación Tierra de Esperanza se formó hace alrededor de una década, y hoy es parte de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Área Social, organización sindical que agrupa sindicatos del sector, y que al estar enfocada en la defensa de derechos laborales, mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas para profesionales y colaboradores del área social, ha sido el ente agitador y promotor del fomento de la organización de las y los trabajadores del área, quienes, según ellos mismos denuncian, han sido víctimas empedernidas de la precarización laboral y el negocio de las fundaciones, entidades que se han visto cuestionadas en más de alguna oportunidad durante los últimos años, más aún del Caso Fundaciones que salió a la luz el 2025. “Se licita precarización laboral” El Estado neoliberal no da abasto.

Su reducción se traduce en la tercerización de la mayoría de los servicios que debería prestar el aparato estatal directamente, siendo este el empleador. No obstante, y si bien los programas sociales se llevan a cabo con dinero estatal, en la práctica los empleadores son Fundaciones y ONG que ejecutan de acuerdo a lo pactado en la licitación adjudicada, la que especifica perfectamente en qué deben ser gastados los fondos transferidos desde el Estado a la empresa ejecutante. La mayoría de estos programas son licitados aproximadamente cada 2 años, razón que provoca una serie de consecuencias que afectan directa o indirectamente a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios de estos programas.

Una de ellas, son los altos niveles de rotación de los equipos profesionales, lo que va en desmedro de los niños, niñas y adolescentes que participan de estos programas. Según señalan profesionales trabajadoras de Fundación Tierra de Esperanza, generar vínculos con las y los niños y adolescentes no es tarea fácil: se trata de infancias y adolescencias vulneradas a las que el sistema completo les ha fallado. Cambiar el profesional a cargo de su caso debido a la precarización laboral a la que se encuentra sometido ese profesional, es una falla más de la que son víctimas.

Las mismas trabajadoras del servicio señalan que las malas condiciones de trabajo, van “quemando” a los funcionarios, lo que se manifiesta incluso en las atenciones a los niños, niñas y adolescentes. “Muchas veces estos programas están hechos para que no funcionen, porque no se toma integralmente al chiquillo. Al final es como que el NNJ pertenece a un negocio que nuestro empleador está protegiendo, que es el negocio de Mejor Niñez.

Los programas están creados con una lógica de poder entregar ciertos servicios que luego no se cumplen en la materialidad”, señala enfática Claudia Bustamante, parte de la directiva del sindicato. Cabe destacar, además, que la mayoría de las y los profesionales son mujeres, que muchas veces son jefas de hogar, por lo que el temor a perder el trabajo las obliga a aceptar con pesar las malas condiciones. En cuanto a las exigencias de los programas ya mencionados, a las trabajadoras se les exige 4 intervenciones mensuales por NNJ, y cada dupla psicosocial tienen a cargo 25 beneficiarios.

Según señalan las fuentes, no es posible que esas intervenciones se logren a cabalidad, relato que va en concordancia con las precarias condiciones de trabajo a las que se ven sometidas: 100 intervenciones por profesional en 20 días hábiles de trabajo que tiene cada mes. Por otro lado, al ser programas que se licitan cada 2 años, las y los trabajadores no tienen la posibilidad de acumular antigüedad, debido a que son recontratados cada vez que la fundación se vuelve a adjudicar el programa. “Aquí tenemos compañeras que llevan 20 años trabajando en la fundación, pero aparecen como contratadas hace 2 años, porque todos los programas en los que se han desempeñado tienen esa duración, y luego de que terminan, comienza de nuevo el ciclo”, declara la dirección del sindicato.

Negociación de miserias Las negociaciones colectivas han demostrado, a nivel comparativo, la importancia que tienen tanto para las y los trabajadores, como para los beneficiarios de los servicios que se prestan. En este caso, los programas ejecutados por Fundación Tierra de Esperanza. “Obviamente, las buenas condiciones laborales permiten que las y los trabajadores puedan hacer mejor su trabajo”, señala el abogado Downey, quien continúa señalando que “también es una forma de democratización al interior del espacio de trabajo, y eso impide que los empleadores tomen decisiones arbitrarias o que no vayan en pos del servicio o busquen, a través únicamente de la precarización, obtener un servicio más eficiente”.

El proceso de negociación colectiva de la Fundación Tierra de Esperanza -ejecutante de 88 programas por los que recibe financiamiento estatal- se encuentra en una de sus etapas finales. Mas los trabajadores no han logrado llegar a acuerdo con la empresa. El primer desacuerdo, es que Tierra de Esperanza responde, en primera instancia, que no están en obligación de negociar, a pesar de tratarse de un proceso amparado bajo la ley, contenida en la reforma laboral del año 2016.

Debido a esto, es que el sindicato se va a juicio, y a pesar de que la resolución fue que la fundación sí debía negociar mejoras laborales, la empresa no cedió ante las exigencias mínimas, declara Claudia Bustamante. “Existe una constante negativa respecto a lo que tiene que ver con dinero, ya sea aumento de sueldo, reajuste anual respecto al IPC, bonos de colación y de locomoción, ante los cuales la empresa siempre pone un límite”, señala la misma Claudia Bustamante, quien es parte activa del sindicato. “La Inspección del trabajo tiene distintas intervenciones en el proceso de negociación colectiva”, explica Downey.

“Actualmente, como el sindicato con la fundación no llegaron a acuerdo y la base del sindicato aprobó la huelga, habría una instancia de mediación obligatoria, en que ambas partes tienen que concurrir. Hay un mediador de la Inspección del Trabajo que ayuda o facilita el diálogo entre las partes para instar a que lleguen a un acuerdo. Si bien es un rol más pasivo, porque es únicamente de mediar, lo que ayuda no es tanto el rol de mediación, sino el hecho de que los trabajadores y trabajadoras se puedan ir a huelga.

Eso es lo que ayuda a que haya un diálogo más fluido entre las partes”, señala el abogado de la Defensoría Popular. Los trabajadores mencionan que, finalmente, la posibilidad de negociar con la empresa que ejecuta los programas, “termina siendo la posibilidad de hablar del mínimo de lo que se está pidiendo, por ejemplo, mejoras para las cuidadoras, mejoras en el bono de colación o en los bonos de locomoción para viajes interregionales que se deben realizar para poder hacer las intervenciones”, indica Bustamante. Esto último, la fundación lo justifica diciendo que no tienen cómo justificar dichos gastos ante la supervisión financiera del Estado, sin embargo, el sindicato declara que la fundación cuenta con caja chica para aquello.

En definitiva, lo que denuncian es que “lo que prima es la ejecución del programa sin velar que se cumplan las condiciones mínimas de trabajo para las personas que lo ejecutan y que están en relación directa con los NNJ”. Este miércoles 22 de abril se realizará la última reunión de mediación obligatoria, luego de la que las y los trabajadores tendrán que decidir si aceptan lo que ofrezca la fundación o hacen efectiva la huelga.