Uno de los puntos centrales de la ofensiva artesanal es presionar al Senado para que reactive el proyecto que busca declarar nula la Ley Longueira. La iniciativa permanece detenida en la Comisión de Constitución desde el año pasado. Cortés insiste en que el Parlamento debe resolver definitivamente el tema.
“Necesitamos que el Senado, de una vez por todas, ponga en tabla esta discusión final del proyecto de nulidad (…) finalmente es ley o no es ley. Se anula o no se anula”, sostiene. Y agrega una advertencia política de fondo: “Esta ambigüedad que tienen hoy día de temer a esta resolución me parece que da pie a que tengamos vigente aún una ley corrupta, y eso debería terminarse”.
La diferencia entre este proyecto y la nueva Ley de Pesca retirada por el gobierno es clave. Mientras la ley retirada buscaba reemplazar integralmente el sistema pesquero vigente mediante una nueva institucionalidad y nuevas reglas de acceso, el proyecto de nulidad apunta a algo mucho más radical: invalidar jurídicamente la Ley Longueira debido a su origen corrupto. Para la pesca artesanal, ambas vías eran complementarias.
Pero tras el retiro de la nueva ley, la nulidad volvió a transformarse en el eje principal de la estrategia. El corazón de la disputa: el fraccionamiento Paralelamente, la pesca artesanal libra otra pelea decisiva en el Tribunal Constitucional. Ahí se discute la constitucionalidad de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, normativa aprobada este año que redistribuyó cuotas entre el sector industrial y artesanal.
La acción fue presentada por EMDEPES, filial de la japonesa NISSUIA América Latina, que acusa una afectación equivalente a expropiación. Para los pescadores artesanales, sin embargo, el fraccionamiento es el núcleo mismo de la disputa histórica. “El fraccionamiento es el corazón de la ley de pesca, es cómo se distribuyen los recursos”, explica Cortés.
El dirigente sostiene que la redistribución aprobada corrigió parcialmente los desequilibrios heredados por la Ley Longueira y, sobre todo, lo hizo bajo un proceso transparente. “Lo más valioso que tiene eso es que fue tratado de cara al país y no entre cuatro paredes y escondidos”, afirma. La comparación que utiliza para describir el reclamo empresarial en el TC revela el nivel de indignación que existe en el sector.
“Es como aquel que se robó el televisor. Una vez que fue denunciado y recuperado el televisor, pretenden que indemnicen al ladrón que se robó el televisor”, dice. Y remata: “No pueden pretender que después de haber profitado por más de 10 años de una ley corrupta, además reciban indemnización”.
“No descartamos ninguna estrategia” En las caletas ya hablan de un nuevo ciclo de movilizaciones. La sensación de traición política atraviesa buena parte del mundo artesanal, especialmente después de que el Ejecutivo frenara la nueva ley y defendiera públicamente el carácter “refundacional” de la Ley Longueira. Para Cortés, ahí existe una contradicción evidente.
“Una ley que está ya en un 80% de avance (…) hoy día retirarla para hacer algunas indicaciones, si el proyecto está ahí para hacer las indicaciones, hay que seguir avanzando y seguir mejorándolo en el Parlamento”, afirma. La respuesta del sector será ampliar el conflicto. “Nosotros no descartamos ninguna estrategia, ninguna opción para poder defender el patrimonio de la pesca artesanal”, advierte Cortés.
El dirigente asegura que la CONDEPP nació precisamente para enfrentar la Ley Longueira y que no abandonarán esa pelea. “Nosotros nacimos para pelear contra la Ley Longueira, que era una ley corrupta (…) y no vamos a dejar de insistir en eso”. La estrategia tampoco se limita solo a tribunales y al lobby legislativo.
La pesca artesanal comenzó además a construir una articulación política propia dentro del Congreso. Hace dos semanas, dirigentes de CONDEPP se reunieron con parlamentarios del Frente Amplio para comenzar a levantar una futura “bancada de la pesca artesanal”, abierta a legisladores de cualquier sector político. “Vamos a invitar a participar a todos los parlamentarios que se sientan afines a las inquietudes que tiene la pesca artesanal (…) más allá del color político”, explica Cortés.
La idea es levantar un bloque transversal cuyo único eje sea la protección de la pesca artesanal y la defensa de los recursos marinos frente a la expansión industrial. Porque para el sector, la disputa ya dejó de ser solamente jurídica. Se transformó en una pelea por sobrevivir políticamente dentro de un sistema que sienten diseñado para favorecer a los grandes grupos económicos del mar.