La diputada Flor Weisse también valoró el avance, aunque con matices. "Representa un avance necesario para enfrentar la violencia y el acoso en nuestros colegios, poniendo el foco en la prevención, el buen trato y el bienestar", indicó, agregando que "no basta con buenas intenciones si no somos capaces de garantizar entornos seguros, especialmente con apoyo real a docentes y recursos para su implementación". Una postura más enfática manifestó Lilian Betancurt, quien respaldó el enfoque del Ejecutivo.

"Hoy las comunidades educativas necesitan mayor protección, herramientas efectivas y respuestas urgentes. Creemos que este es el camino correcto y que se debe actuar con rapidez para resguardar a estudiantes, docentes y asistentes", sostuvo. MANIFESTACIONES Y PREOCUPACIÓN DOCENTE El debate no ha estado ajeno a la realidad local.

En Los Ángeles, tras los hechos registrados en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, docentes de establecimientos como el Liceo Comercial Diego Portales Palazuelos y el Liceo Coeducacional Santa María realizaron manifestaciones pacíficas a las afueras de sus recintos. Con consignas como "que educar no nos cueste la vida" y "no más violencia en las escuelas", profesores visibilizaron la preocupación creciente por las condiciones de seguridad en las aulas, en una señal clara de que la discusión no solo pasa por nuevas leyes, sino también por garantías concretas en el día a día escolar. UNA LEY EN MARCHA, PERO NO COMPLETA La nueva Ley de Convivencia Escolar también contempla la creación de una Política Nacional de Convivencia Educativa, la obligación de contar con coordinadores en cada establecimiento y el desarrollo de planes de acción orientados a la prevención, la salud mental y la resolución de conflictos.

Sin embargo, su implementación efectiva aún depende de la dictación del reglamento respectivo y de la capacidad del Estado para dotar de recursos y acompañamiento a las comunidades educativas. En un contexto donde la violencia escolar se hace presente casi a diario en los medios nacionales y la problemática se transformó en una preocupación país, la normativa aparece como una respuesta directa desde el ejecutivo, aunque —como coinciden autoridades y actores del sistema— el desafío recién comienza.