Hoy se debate un proyecto de ley que propone sancionar a los padres cuando sus hijos cometen actos de bullying de forma repetida. Esto abre una conversación necesaria: la crianza y los valores de niños, niñas y adolescentes no son tarea solo del colegio, sino una responsabilidad compartida. Actualmente, todos los establecimientos educacionales cuentan con protocolos de convivencia y reglamentos internos diseñados para regular y abordar los conflictos escolares.
Sin embargo, este nuevo proyecto de ley busca ir un paso más allá, al poner una presión directa sobre los padres y apoderados, incentivándolos a asumir un rol más activo y comprometido. El objetivo es que las familias no solo sean receptoras de información, sino que apliquen desde el hogar intervenciones, correcciones y medidas adicionales que permitan detener de raíz aquellas conductas que se repiten en el tiempo, asegurando así, que el bienestar del estudiante sea una prioridad compartida tanto en la sala de clases como en la casa. En este sentido, el proyecto no solo propone una sanción económica.
Más relevante aún, abre la posibilidad de exigir conductas específicas a los apoderados, particularmente cuando han sido advertidos y no han adoptado medidas para corregir conductas reiteradas. Esto permite avanzar hacia mecanismos más eficaces que la multa, como obligaciones formativas, compromisos exigibles y medidas correctivas con seguimiento, orientadas no solo a sancionar, sino también a prevenir. En definitiva, el verdadero valor de esta iniciativa no está en la sanción económica, sino en su potencial para transformar un principio largamente enunciado en una práctica efectiva.
Porque sin corresponsabilidad real, cualquier política de convivencia escolar —por ambiciosa que sea— seguirá siendo estructuralmente insuficiente.