Hay que empezar por el principio, que no es marzo de 2026 sino noviembre de 2025, cuando todavía nadie sabía que Trinidad Steinert iba a ser ministra de nada. O eso nos dijeron. Porque lo que sabemos ahora es que mientras la entonces fiscal regional de Tarapacá decidía el destino judicial de una causa por corrupción que involucraba a militantes de la UDI y RN, los mismos partidos que hoy la sientan en el gabinete, ya estaba, según la vocera Mara Sedini, conversando con José Antonio Kast «desde hace un buen tiempo».

Sedini lo dijo con esa ligereza de quien no mide las consecuencias de cada sílaba. Después intentaron matizar. Pero la bomba ya había explotado.

Lo que sigue es la reconstrucción, punto por punto y en orden cronológico, de la cadena de decisiones que convirtieron a Steinert en el flanco más costoso de un gobierno que prometió orden y entregó caos institucional. Nueve escándalos documentados. Y un sistema democrático que todavía no sabe cómo responder.

1. Las cajas de alimentos En 2020, en plena pandemia, la Contraloría detectó sobreprecios por 514 millones de pesos en la compra de más de 45. 000 cajas de alimentos en Tarapacá.

El responsable era el intendente Miguel Ángel Quezada, militante de la UDI, cercano a la senadora Ebensperger. Las empresas fueron elegidas a dedo. Algunas ni siquiera estaban habilitadas para contratar con el Estado.

Otras eran proveedoras de campañas electorales del oficialismo actual. Cinco años de investigación, un equipo de fiscales que recabó pruebas, un juicio oral. Y en octubre de 2025, el Tribunal Oral de Iquique absolvió a los ocho acusados.

Le tocaba a Steinert decidir si la fiscalía apelaba. El recurso de nulidad estaba redactado. El Consejo de Defensa del Estado, listo.

Pero el 3 de noviembre venció el plazo y el escrito quedó sin firma sobre su escritorio. Solo el CDE presentó recurso. La Fiscalía Nacional dice que Steinert les avisó, pero no les consultó.

Dos meses después renunció al Ministerio Público. El 20 de enero se oficializó su nombramiento como ministra. Los ocho acusados, absueltos.

La fiscal que decidió no pelear se sentó en una de las carteras más poderosas del Estado. En cualquier democracia funcional, esta secuencia habría activado alarmas. En Chile, activó un nombramiento.

2. Las conversaciones previas con Kast mientras era fiscal Aquí el relato se pone pegajoso. En enero de 2026, Sedini declaró que Steinert venía conversando con Kast «desde hace un buen tiempo» antes de su nombramiento.

La frase es una granada sin seguro: si negociaba su incorporación al gobierno mientras decidía no apelar una causa contra dirigentes oficialistas, el conflicto de interés no es suspicacia opositora. Es una pregunta que exige respuesta. La cronología es terca y no admite maquillaje.

Pero en el Chile de Kast, las preguntas incómodas se responden con silencios administrativos. 3. El jefe de gabinete con antecedentes en Contraloría Steinert llegó con su equipo de Tarapacá.

Entre ellos, Francisco Chambi, su jefe de gabinete, que figuraba en la lista de Contraloría de funcionarios del GORE de Arica que viajaron fuera de Chile con licencia médica. Ciper lo reveló. El ministerio dijo que Chambi fue sobreseído porque su contrato ya había expirado.

Técnicamente legal. Éticamente, una declaración de principios sobre el tipo de gente que esta ministra elige para rodearla. La señal es clara: la lealtad personal pesa más que la hoja de vida.

4. El oficio de las 48 horas Steinert asumió el 11 de marzo de 2026. Dos días después —léanlo de nuevo: dos días— firmó un oficio reservado dirigido al director de la PDI, Eduardo Cerna.

Pedía información detallada sobre los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos que participaron en la investigación del caso «Clan Chen» en Tarapacá. Sus nombres, sus antecedentes disciplinarios, los fundamentos de sus traslados. Los mismos traslados que había ordenado Consuelo Peña mientras Steinert era fiscal.

Los mismos funcionarios que trabajaban con ella. La mujer no había colgado la toga y ya estaba usando el poder ministerial para escarbar en asuntos de su vida como fiscal. Parlamentarios cuestionaron si tenía atribuciones para solicitar información de una causa judicializada.

Ella respondió que ejercía sus facultades. Pero hay algo que la doctrina constitucional tiene bastante claro: cuando un poder del Estado mete las manos en las competencias de otro, en este caso, el ejecutivo en funciones del Ministerio Público, eso tiene un nombre. Se llama transgresión de la separación de poderes.

Y no es un tecnicismo: es el dique que separa a una república de un caudillismo con corbata. 5. La cabeza de Consuelo Peña El oficio se envió el 13 de marzo.

Peña respondió. El 20 de marzo, Steinert se reunió con Cerna. Ese mismo día, Cerna llamó a retiro a Consuelo Peña.

Treinta y cinco años de carrera. Tercera en la línea del alto mando. La mujer con más posibilidades de convertirse en la primera directora general de la PDI.

Borrada un viernes por la tarde con la elegancia premeditada de quien sabe que el fin de semana absorbe las noticias. Fuentes señalan que el sábado, en el funeral del carabinero fallecido en Puerto Varas, Steinert volvió a presionar a Cerna. La solicitud implicaba sacar a una prefecta bien evaluada, con resultados contra el crimen organizado.

Lo que la evidencia describe es el uso del cargo para ejecutar una represalia personal. A eso se le llama abuso de poder. Y la Ley 21.

730 que creó el Ministerio de Seguridad es taxativa: la potestad de elegir al alto mando policial radica en el presidente de la República. No en la ministra. No en sus rencores.

6. Las versiones cruzadas: nadie se hace cargo La versión oficial cambió como el viento en Atacama. Primero, que Steinert pidió directamente la remoción.

Después, que fue decisión institucional de la PDI, que Peña llevaba más de 30 años y se trataba de una reestructuración. «Yo no tengo rencillas con nadie», dijo en el Congreso. Kast la blindó: la decisión fue de Cerna.

Pero dentro de la PDI, diversas fuentes afirmaron que la salida no tuvo origen en la institución policial. En La Moneda había conciencia de que su actuar fue «a lo menos imprudente y poco fundado», pero optaron por el pragmatismo: mejor perder a Peña que dejar sin piso político a la ministra a menos de dos semanas de haber asumido. La mecánica es vieja y conocida: el ejecutivo toma la decisión, la institución carga con la responsabilidad, y el presidente se lava las manos citando autonomía policial.

Es lo que O’Donnell llamaba democracia delegativa: el poder ejecutivo actúa como si la victoria electoral le hubiera concedido el derecho a gobernar sin restricciones institucionales. Kast no inventó el modelo. Lo perfeccionó.

7. Los Lobos dentro del gallinero No es solo Steinert. Es el ecosistema que trajo consigo.

Marcelo Atala, hoy en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Paulo Contreras, incorporado a la Agencia Nacional de Inteligencia. Ambos exoficiales de la PDI, ambos vinculados a un grupo interno conocido como «Los Lobos«, que durante el segundo semestre de 2025 mantuvo una operación de desprestigio contra Peña y Cerna.

Según Reportea, el alto mando policial ya había detectado esta campaña antes de que Steinert llegara al ministerio. Una alta fuente de La Moneda reveló que Steinert justificó la salida de Peña con la causa penal por tráfico de drogas del hijo de la exsubdirectora. Los argumentos eran «prácticamente calcados» a los del grupo de oficiales críticos.

Lo que tenemos es la colonización del aparato de seguridad por una facción policial que perdió la batalla interna por el control de la PDI y ahora la gana desde el gobierno. Esto no es política de seguridad. Es captura institucional.

Y cuando una facción policial controla simultáneamente el ministerio, la subsecretaría y la agencia de inteligencia, lo que queda del control civil sobre las policías es una ficción decorativa. 8. El desmantelamiento de la Unidad Estratégica Steinert desmanteló la Unidad Estratégica del ministerio, el área técnica creada para coordinar con evidencia empírica la acción de Carabineros, la PDI y Aduanas.

Tres ingenieros que centralizaban la información de todas las instituciones del sistema de seguridad. Los despidió sin siquiera avisar al experto criminalista que la dirigía. En su lugar: nada.

El cerebro analítico del aparato de seguridad reemplazado por un vacío. Esto no es negligencia. Es ideología.

Es la concepción de que la seguridad se gestiona con más fuerza y menos inteligencia, menos coordinación, menos control civil. Es gobernar con la tripa en vez del dato. La misma lógica que en América Latina ha producido las políticas de mano dura que sistemáticamente fracasan en reducir el crimen, pero resultan extraordinariamente eficaces en concentrar poder.

9. El recorte de 72 mil millones (y el volantazo) La cereza del absurdo: el 23 de marzo, Steinert y su subsecretario Jouannet llegaron al Congreso a anunciar una rebaja de más de 72 mil millones de pesos en el presupuesto de Seguridad, como parte del ajuste del 3% instruido por el ministro de Hacienda. En un gobierno que ganó la elección prometiendo mano dura contra la delincuencia.

En medio de una crisis de seguridad. La ministra de Seguridad recortando el presupuesto de sus propias policías. La oposición los destrozó.

El oficialismo se incomodó. En cuestión de días, retroceso: Seguridad quedó excluida del recorte. Steinert lo vendió como triunfo.

Pero el ridículo ya estaba hecho y el diputado Leiva lo resumió sin piedad: «No hay ningún proyecto de ley ni política pública nueva. Lo único presentado es el recorte de un 3%. » El episodio revela algo más profundo que la improvisación: revela que la seguridad, para este gobierno, es un dispositivo discursivo antes que una política pública.

Se invoca para ganar elecciones, para justificar la concentración de poder, para purgar a funcionarios incómodos. Pero cuando toca asignar recursos reales, la prioridad es el ajuste fiscal. Lo que viene, lo que significa Hasta aquí los hechos.

Ahora las consecuencias. La Contraloría General de la República ofició al ministerio y a la PDI el 1 de abril: diez días para explicar el oficio del 13 de marzo y su relación con la salida de Peña. El requerimiento busca esclarecer si Steinert se ajustó a derecho o intervino indebidamente en funciones del Ministerio Público.

El plazo vence el 15 de abril. Cerna fue al Congreso, asumió responsabilidad, pero no explicó motivos ni reveló conversaciones con el Gobierno. Dijo que eran privadas.

La oposición no se conformó y ya evalúa dos caminos: comisión investigadora o interpelación directa a la ministra. El diputado Pinilla lo dijo sin rodeos: «Esto no es un capricho. Es saber si las autoridades actúan dentro de sus atribuciones o utilizan su cargo para saldar cuentas pendientes.

» Pero más allá de Contraloría y del Congreso, lo que estos nueve escándalos revelan es un patrón que trasciende a Steinert. Es el modelo completo: un gobierno que llega al poder montado sobre el pánico securitario, que coloca en el ministerio clave a una operadora con cuentas pendientes, que coloniza la inteligencia policial con facciones leales, que destruye los mecanismos técnicos de control, y que cuando el sistema institucional reacciona —como lo están haciendo la Contraloría y el parlamento— responde con blindaje presidencial y relatos de normalidad. Esto es lo que pasa cuando la derecha autoritaria, heredera de la tradición pinochetista, convierte el miedo en mandato.

La narrativa es perfecta: la izquierda dejó entrar al crimen organizado, a los migrantes, al caos. Ahora viene el orden. El problema es que el orden, en este vocabulario, no significa Estado de derecho.

Significa sumisión de las instituciones a la voluntad del ejecutivo. Significa que una ministra puede purgar a la jefa de inteligencia por rencores personales, desmantelar el cerebro analítico de su propio ministerio, y al día siguiente dar una entrevista diciendo que su misión es «recuperar el Estado de derecho» sin que nadie le pregunte de qué Estado de derecho habla. Porque el que ella está construyendo no se parece en nada al que promete.

Kast sigue repitiendo que la respalda plenamente, que el camino no tiene vuelta atrás. No. El camino no tiene vuelta atrás.

Eso es precisamente lo que da miedo. Por Verónica Aravena Vega Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona.

Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional.