A su vez, el gobernador regional (s), Juan Pablo Besser, relevó la participación del Gobierno Regional (Gore) en el desarrollo del proyecto, señalando que “este es un anhelo de larga data que hoy comienza a concretarse con la apertura de la licitación”, precisando además que el organismo financió el diseño con una inversión cercana a los $720 millones y que se proyecta una ejecución de obras entre 24 y 36 meses. Besser agregó que la iniciativa también se inserta en una visión más amplia de desarrollo urbano para el sector costanera, indicando que “esto va a permitir consolidar un barrio cívico bien formado, donde se concentren distintos servicios públicos”, en referencia al entorno donde ya se emplazan equipamientos como el teatro regional y otras infraestructuras institucionales. También consultado, el delegado presidencial, Julio Anativia, señaló que “es un proyecto importante, que ha tenido la colaboración de varias instituciones y que va a implicar oportunidades desde el punto de vista de la seguridad, pero también en empleo e inversión en nuestra región”.
Visión de los vecinos En paralelo al avance institucional, los residentes de sectores aledaños han comenzado a proyectar los efectos del proyecto en su entorno inmediato, particularmente en relación con la seguridad y las dinámicas urbanas del sector. La presidenta de la Junta de Vecinos Nueva Aurora de Chile, Ruth Riquelme, valoró la iniciativa señalando que “es muy bueno que se construya la PDI, porque hace mucha falta mayor seguridad, sobre todo considerando los eventos masivos en el sector y los problemas de insalubridad que existen en algunos espacios”. Riquelme sostuvo que la intervención podría representar un cambio relevante para el barrio, afirmando que “esto debió haberse hecho hace años, el sector necesita un cambio urgente”, subrayando que la presencia de infraestructura policial podría contribuir a mejorar la percepción de seguridad y el uso de espacios públicos que actualmente presentan distintos niveles de deterioro.
Una visión que coincide, parcialmente, es la de la presidenta de la Junta de Vecinos Pedro del Río Zañartu, Ernestina Gatica, quien también reconoce el potencial impacto positivo del proyecto, señalando que “la presencia de la policía puede ayudar a inhibir problemáticas como el tráfico de drogas o el uso de armas, que han aumentado en el sector”, situando así la iniciativa en el contexto de preocupaciones actuales de seguridad. No obstante, la dirigente planteó la necesidad de avanzar en mecanismos de articulación entre la futura infraestructura y la comunidad, indicando que “esperamos que exista una mesa de trabajo con los vecinos, para poder abordar las problemáticas del territorio y generar una buena relación con la institución”, indicando así la importancia de la coordinación local en este tipo de proyectos. Junto con ello, incorporó una mirada más amplia sobre el desarrollo del sector, vinculando la llegada del proyecto con transformaciones urbanas recientes, señalando que “se han construido muchos edificios orientados al arriendo, con alta rotación de personas, lo que genera saturación de servicios y no responde al déficit habitacional del barrio”, instalando un debate sobre el uso del suelo en la ribera del Biobío.