Que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, haya calificado como una “locura” los efectos de la Ley de Humedales no es solo una frase desafortunada. Es una señal política que debiera encender todas las alertas ambientales. Cuando una autoridad de Estado instala que proteger humedales retrasa el desarrollo y dificulta la construcción de viviendas, no está describiendo un problema técnico, sino fijando una posición ideológica.

Y esa posición es peligrosa, porque pone en cuestión uno de los pocos marcos de resguardo real que Chile ha construido para proteger ecosistemas estratégicos. El argumento parece simple y, por eso mismo, riesgoso. Si la Ley de Humedales frena proyectos habitacionales, entonces el problema sería la ley.

Pero ese razonamiento omite deliberadamente lo esencial. El problema no son los humedales. El problema es un modelo urbano que durante décadas permitió construir sin planificación, degradar ecosistemas y expandir ciudades sin considerar límites ecológicos.

Lo que hoy algunos llaman “traba ambiental” es, en realidad, el intento tardío de corregir décadas de desorden territorial. Y aquí conviene decirlo con claridad. Los humedales no son terrenos baldíos.

No son espacios vacíos esperando ser urbanizados. Son ecosistemas críticos para la supervivencia. Funcionan como los riñones del planeta, porque filtran contaminantes y purifican el agua.

Actúan como esponjas naturales, absorbiendo excesos hídricos y reduciendo el impacto de inundaciones. Y son, además, reservorios naturales de agua dulce, fundamentales en un país que atraviesa una crisis hídrica estructural. Destruir humedales no solo implica perder biodiversidad.

Implica debilitar la capacidad del territorio para resistir sequías, filtrar contaminación y amortiguar eventos climáticos extremos. Por eso es tan grave que desde el propio Ministerio de Vivienda se empiece a instalar la idea de que la protección ambiental es incompatible con el derecho a la vivienda. Ese es un falso dilema.

Chile no necesita elegir entre casas y humedales. Necesita elegir entre planificación y depredación. Presentar la protección de humedales como un obstáculo no resuelve el déficit habitacional, sino que lo desplaza y lo agrava.

Porque construir sobre ecosistemas frágiles no es resolver una urgencia social, sino incubar un problema mayor para las próximas décadas. Lo verdaderamente alarmante es que este discurso no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto donde sectores políticos y económicos llevan años intentando debilitar regulaciones ambientales bajo la promesa de destrabar inversión y acelerar proyectos.

Lo que hoy se presenta como una discusión por viviendas sociales puede convertirse mañana en una excusa para flexibilizar la Ley de Humedales y abrir espacio a intereses mucho más amplios que los de las familias que necesitan una casa. Cuando se relativiza la protección ecológica desde el poder, el riesgo no es solo ambiental, sino estructural. Porque detrás de cada retroceso regulatorio rara vez avanzan primero los derechos sociales; avanzan, casi siempre, los intereses del mercado.

Y ahí está la verdadera alerta. No se trata solo de una declaración imprudente. Se trata de una señal de época.

De una forma de gobernar que comienza cuestionando protecciones ambientales en nombre de la urgencia, y termina debilitando bienes comunes en beneficio de la rentabilidad. Chile ya conoce ese camino. Y sus consecuencias están a la vista, con ciudades inundables, suelos degradados, acuíferos agotados y territorios capturados por la lógica inmobiliaria.

Por eso este no es solo un debate sobre humedales. Es una advertencia sobre el tipo de país que se está intentando empujar desde el poder. Uno donde la protección ambiental vuelve a ser presentada como exceso, como obstáculo, como “locura”.

Y cuando un gobierno empieza a hablar así de sus ecosistemas más estratégicos, lo sensato no es bajar la guardia. Es encender todas las alarmas.