La tramitación de la denominada Ley Miscelánea entró en una nueva etapa de confrontación política luego de que parlamentarios de oposición transparentaran una estrategia legislativa destinada a ralentizar y tensionar el avance del proyecto impulsado por el Gobierno. La ofensiva fue adelantada por diputados de distintos sectores de centroizquierda e izquierda durante una conversación en el podcast Provócame, donde participaron Jaime Araya, Consuelo Veloso y Marcos Barraza. Fue el diputado Jaime Araya quien explicitó la magnitud de la estrategia que prepara la oposición, asegurando que podrían ingresar más de 2.

500 indicaciones al proyecto. “Decían que amenazábamos con inundar de indicaciones el proceso. No es una inundación, ya estamos en un tsunami, un maremoto”, afirmó.

Según explicó el parlamentario, la coordinación involucra a distintas bancadas opositoras y busca transformar la discusión legislativa en un escenario complejo para el Ejecutivo. “Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para el Gobierno”, sostuvo. Desde la oposición cuestionan que el Ejecutivo haya optado por presentar una reforma amplia bajo un solo paquete legislativo, mezclando materias tributarias, económicas y sociales.

También acusan falta de diálogo político previo y sostienen que varias de las medidas incluidas beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos. La tensión aumentó aún más luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y posteriormente el Presidente José Antonio Kast, dejaran abierta la posibilidad de avanzar mediante decretos si el proyecto encuentra obstáculos en el Congreso. En ese contexto, Araya aseguró que el Gobierno subestimó la capacidad de coordinación de la oposición.

“Ellos no contaban con la capacidad de articulación que hemos ido teniendo”, afirmó. El diputado detalló que solo el PPD ya acumula cerca de 300 indicaciones, mientras que otras colectividades sumarían cientos más. “Probablemente el PC va a llegar con 600.

El Frente Amplio va a llegar con mil”, sostuvo. La estrategia no solo apunta a ralentizar la discusión política, sino también a abrir eventuales controversias reglamentarias y constitucionales durante la tramitación. “Si ellos no fundamentan bien las inadmisibilidades o se saltan pasos reglamentarios, se vicia el proceso legislativo”, advirtió Araya.

El parlamentario incluso dejó abierta la posibilidad de futuras disputas ante el Tribunal Constitucional si la oposición considera que el Ejecutivo vulnera procedimientos legislativos. “Nosotros estamos jugando muy en serio. Cuando digo nosotros, hablo del conjunto de la oposición”, señaló.

El nuevo escenario amenaza con complejizar aún más el avance del principal proyecto económico del Gobierno, que ya enfrenta cuestionamientos del Consejo Fiscal Autónomo, reparos de economistas y tensiones políticas dentro y fuera del Congreso.