La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició este martes la discusión en particular del Plan de Reconstrucción, en una sesión marcada por tensiones políticas y cuestionamientos al contenido de una de las indicaciones clave ingresadas por el Ejecutivo. En la instancia, se definió un mecanismo de votación que contempla agrupar las indicaciones inadmisibles por artículo y resolverlas en conjunto, otorgando a cada autor dos minutos para fundamentarlas. Luego, se avanzaría en la revisión artículo por artículo, comenzando por las propuestas del Gobierno, lo que ha permitido dejar sin efecto un número significativo de enmiendas presentadas por parlamentarios de oposición.
Estas, sin embargo, fueron reingresadas bajo la fórmula de indicaciones aditivas, lo que abrió nuevamente el debate. Pero más allá del procedimiento, las principales críticas desde las asociaciones de comunicaciones se concentraron en la indicación sustitutiva del Ejecutivo al artículo 8 del proyecto, que aborda el uso de obras protegidas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. La nueva redacción establece que el uso de contenidos para el "entrenamiento, desarrollo o despliegue" de estos sistemas no podrá afectar la explotación normal de las obras, e incorpora además la creación de un fondo estatal para la promoción y protección de la propiedad intelectual.
Críticas a la indicación del Ejecutivo Diversas organizaciones del mundo cultural y de las comunicaciones cuestionaron duramente esta propuesta, acusando que, pese a los cambios, se mantiene una habilitación amplia para el uso de contenidos sin autorización ni pago a sus creadores. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) advirtió que la indicación "no corrige los vicios denunciados, sino que precisamente los agrava", sosteniendo que el nuevo texto sigue permitiendo reproducir, adaptar y distribuir obras sin remuneración. Asimismo, el gremio recalcó que el fondo propuesto por el Ejecutivo no constituye una compensación efectiva, señalando que "no satisface ese estándar bajo ninguna lectura razonable", y advirtió que la medida podría afectar directamente a la industria de medios y al ecosistema creativo.
A estas críticas se sumaron organizaciones del ámbito audiovisual, musical y cultural, que coincidieron en que la propuesta debilita la protección de los derechos de autor. Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), su presidente Rodrigo Osorio afirmó que la indicación "es aún peor al artículo original y que nos deja en la indefensión total frente a las empresas de IA. Esto es grave.
Pedimos encarecidamente al Congreso eliminar el artículo 8". Además, la entidad advirtió que la norma podría contravenir tratados internacionales suscritos por Chile, como el Convenio de Berna, al no garantizar que las excepciones al derecho de autor sean acotadas y no perjudiquen los intereses de los titulares. En la misma línea, desde la industria televisiva y de contenidos, ANATEL cuestionó que la indicación amplíe aún más el alcance de la excepción, al permitir explícitamente el “entrenamiento, desarrollo y despliegue” de sistemas de inteligencia artificial con obras protegidas.
A juicio del gremio, esto configura un escenario en que empresas -principalmente multinacionales- podrían acceder gratuitamente al contenido generado en Chile, sin obligación de negociar ni compensar a sus creadores. "La indicación parece un traje diseñado a la medida de las grandes empresas extranjeras de inteligencia artificial", señalaron, advirtiendo además que el fondo propuesto se financiaría con recursos públicos y tendría un impacto limitado en quienes generan el contenido. Las organizaciones también plantearon reparos sobre la falta de mecanismos de control, como la ausencia de un sistema de "opt-out" que permita a los titulares decidir si sus obras pueden ser utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial, herramienta que -según indicaron- ya se aplica en otras jurisdicciones como la Unión Europea.
En ese sentido, llamaron al Congreso a rechazar la indicación y a abrir un proceso de diálogo más amplio con la industria creativa antes de avanzar en una regulación de este tipo.