La Municipalidad de Valparaíso enfrenta una compleja disputa judicial por el caso Parque Pümpin, luego de que la inmobiliaria Sogin Spa demandara al municipio tras la paralización del millonario proyecto inmobiliario en el Cerro O’Higgins. La causa se arrastra desde la administración del exalcalde Jorge Sharp, período en que se impulsaron gestiones junto a vecinos para evitar la construcción en el sector, argumentando impactos urbanos y cuestionamientos al permiso de edificación. De acuerdo con la presentación judicial, la invalidación del permiso de edificación impidió desarrollar las obras entre septiembre de 2017 y octubre de 2021, provocando gastos millonarios en abogados, asesores, estudios técnicos, mantención del terreno y administración del proyecto.

En medio del juicio civil, el municipio no habría presentado pruebas dentro de uno de los plazos del proceso, situación que encendió alertas en el concejo municipal y que hoy mantiene expectación por el inminente fallo del Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, el que debería conocerse durante las próximas semanas. Cabe recordar que el proyecto contemplaba la construcción de más de 20 edificios habitacionales, locales comerciales y cientos de estacionamientos en un terreno de más de 100 mil metros cuadrados ubicado en calle Estadio en la ciudad puerto. Cifras millonarias La demanda contempla montos que fluctúan entre los 10 mil y 30 mil millones de pesos por concepto de indemnización de perjuicios, cifra que podría significar un duro golpe para las arcas municipales en caso de una sentencia adversa.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), valoró el trabajo de la Dirección Jurídica del municipio y aseguró que en el caso de que se dicte una sentencia que no sea favorable, recurrirán incluso a la Corte Suprema de ser necesario. “Creo que nosotros hemos participado, como se ha definido también de parte de dirección en torno a este juicio. Insisto, en que si llega a salir una sentencia, que no es favorable a la municipalidad, nosotros vamos a iniciar los procesos de apelación y si es necesario llegar a la Corte Suprema para defender los intereses del municipio, porque es nuestro deber hacerlo”, comentó.

En tanto, el concejal Dante Iturrieta (UDI), mostró preocupación por la cuantiosa cifra que golpearía al municipio en caso de que el centro de justicia falle en su contra. “Yo creo que es preocupante, porque es una demanda millonaria la que estaría haciendo la inmobiliaria (…) la verdad es que nunca más prosperó tampoco el hecho de declararlo parque por parte del Estado y poder, de esa manera, llegar a un entendimiento con el dueño”, explicó.