En 2025, la Procuraduría Fiscal de Coyhaique del Consejo de Defensa del Estado (CDE) intervino a raíz de la demanda laboral mencionada. El documento del CDE es revelador: informa sobre una propuesta de solución presentada por el propio Espinoza para terminar el conflicto judicial, la cual consistía en que se le permitiera asumir funciones en el Gobierno Regional de Aysén bajo comisión de servicio durante todo el año 2025. El CDE advirtió que esto no podía ser una «transacción» legal formal, sino un acuerdo directo entre las partes, y solicitó información urgente sobre el estado de un sumario administrativo previo y la calificación de su enfermedad profesional.

El Patrón: «Salud Incompatible» y el abuso de licencias El historial médico de Patricio Espinoza Bravo no solo destaca por su extensión, sino por las graves contradicciones detectadas por los organismos de control. En junio de 2024, la Subsecretaría de Servicios Sociales activó un proceso de vacancia por «salud incompatible» (bajo el Art. 151 del Estatuto Administrativo), tras certificar que el periodista acumuló inicialmente 250 días de licencia médica en dos años.

Sin embargo, la investigación de El Ciudadano revela que la cifra fue en aumento hasta alcanzar un total de 311 días de reposo, promediando más de 155 días de ausencia anual. El cuestionamiento a su estado de salud pasó de lo administrativo a lo ético y legal cuando la COMPIN confirmó que, durante sus periodos de supuesto reposo, el funcionario realizaba labores remuneradas para terceros. Específicamente, una resolución del 23 de octubre de 2025 acreditó que Espinoza prestó «Servicios de Diseño Memoria 2024» para la Empresa Portuaria Chacabuco mientras se encontraba con licencia médica.

Este hallazgo constituye un incumplimiento grave del Art. 55 letra b) del D. S.

03/84, invalidando legalmente sus licencias y transformando el beneficio de salud en una deuda directa con el erario público. Como consecuencia definitiva, la Contraloría Regional de Aysén emitió el pasado 2 de marzo de 2026 la Resolución Exenta RE6670, que formaliza un «cargo pecuniario» contra el exfuncionario. En el documento, el ente fiscalizador ordena a la SEREMI de Desarrollo Social adoptar «a la brevedad las medidas pertinentes para el cobro de la suma adeudada».

Este escenario guarda un paralelismo simbólico con su pasado: tal como en 2013 debió acreditar pagos bancarios para cumplir una salida alternativa por delitos contra la privacidad, hoy enfrenta una orden estatal de restitución de fondos por quebrar la confianza pública y los recursos del Estado. El Rol de la Política y el Control Aquí llegamos a un oficio enviado el 27 de junio de 2025 por el diputado René Alinco Bustos al Contralor Regional de Aysén. En él, el parlamentario solicitó formalmente una investigación administrativa y una fiscalización sobre el desempeño del funcionario Patricio Cristóbal Espinoza Bravo, quien trabajaba en la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén.

La solicitud del diputado se fundamentó en denuncias ciudadanas recibidas en su oficina parlamentaria. Estas denuncias señalaban una supuesta utilización prolongada y reiterada de licencias médicas por parte del funcionario durante los últimos dos años, además de cuestionar la falta de medidas administrativas tomadas por la jefatura del servicio ante esta situación. Asimismo, el documento menciona una acusación grave: se habría planteado la posibilidad de que el funcionario haya emitido boletas de honorarios mientras se encontraba con licencia médica.

El diputado advirtió que, de comprobarse este hecho, se podría constituir una infracción a la normativa sobre compatibilidad de funciones e integridad administrativa, por lo que pidió a la Contraloría esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. El caso de Patricio Espinoza expone las grietas en el control de la administración regional. El nombramiento de una figura con órdenes de restitución de fondos por fraude laboral contradice el discurso oficial de probidad, sugiriendo una burocratización de la impunidad donde las alertas de fiscalización terminan siendo ignoradas por las jefaturas de turno.

Al final, queda en duda bajo qué criterio de idoneidad se contrata a quien ha burlado el sistema de salud pública para fines privados. Mientras la Contraloría exige recuperar el dinero defraudado, la fe pública permanece dañada ante un sistema que parece permitir que los cuestionamientos se diluyan entre nombramientos de confianza y silencios administrativos.