El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a aclarar la polémica generada por una indicación al proyecto que busca perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, asegurando que esta solo se aplicará en el marco de procesos ya iniciados. La controversia surgió luego de que el instructivo abriera dudas respecto a una eventual obligación de instituciones —públicas y privadas— de informar al Ejecutivo sobre migrantes en situación irregular, con el fin de facilitar su salida del país. El tema fue abordado por la ministra de Salud, May Chomali, quien manifestó su preocupación y descartó cualquier escenario en que se deje de atender a paciente.
Frente a estas críticas, Pavez sostuvo que existe una “mala comprensión” de la propuesta y descartó que el Gobierno pretenda establecer mecanismos de denuncia o vulnerar garantías legales. “Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria —ya sea para sancionar o expulsar—, la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información necesaria para ejecutar esos procesos”, explicó. En la misma línea, enfatizó que “en ningún caso existe en el texto, ni ha sido parte de la intención del Gobierno, imponer una obligación que se asemeje a un reporte o denuncia”.
Según detalló, el problema radica en que, durante los procesos de expulsión o sanción administrativa, las autoridades suelen perder el rastro de las personas una vez que han sido notificadas. Por ello, la norma apunta a que el Servicio Nacional de Migraciones o la Policía de Investigaciones (PDI) puedan solicitar antecedentes adicionales a organismos vinculados a salud, educación o previsión. Finalmente, el subsecretario recalcó que “los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar”, descartando descoordinación con el Ministerio de Salud tras los dichos de Chomali.