En medio de la controversia generada por la detención en Brasil del ejecutivo de la pesquera Landes, Germán Naranjo Maldini, acusado de protagonizar un episodio de racismo y homofobia en un vuelo de Latam, salió nuevamente a la luz el nombre de la compañía, esta vez por una millonaria demanda presentada contra el Estado de Chile. La acción judicial fue ingresada en marzo pasado ante el 22º Juzgado Civil de Santiago y busca una indemnización superior a los US$70 millones por los supuestos perjuicios económicos derivados de la nueva Ley de Fraccionamiento Pesquero. Según la empresa con sede en Talcahuano, la nueva normativa alteró la distribución histórica de cuotas pesqueras, particularmente en la extracción del jurel, afectando directamente su patrimonio y sus proyecciones de inversión.

La demanda sostiene que el Estado habría reasignado cuotas “a terceros” sin compensación económica, lo que —a juicio de la compañía— constituye una “expropiación encubierta”. “Seguimos sosteniendo que la Ley de Fraccionamiento Pesquero constituye una expropiación encubierta del patrimonio de Landes, una acción ilegal cuyo daño debe ser indemnizado”, afirmó el abogado David Cademartori Gamboa, socio del estudio jurídico Barros & Errázuriz y representante de la empresa en la causa. El dato adquiere relevancia política porque Barros & Errázuriz fue fundado en 1988 por el actual ministro de Defensa, Fernando Barros, junto a José Tomás Errázuriz Grez.

El bufete es hoy uno de los estudios jurídicos más influyentes del país y fue pionero entre las firmas chilenas en establecer presencia permanente en Nueva York. Antes de asumir como ministro y renunciar al estudio en 2026, Barros lideró el área tributaria de la firma y se especializó en proyectos de inversión y estrategias empresariales. Desde Landes aseguran que el nuevo fraccionamiento compromete proyectos de modernización de flota, ampliación de capacidad de congelado y futuras inversiones destinadas al consumo humano.

El CEO de la compañía, Andrés Fosk Belan, sostuvo que “al Estado no le está permitido disponer de cuotas de pesca que las empresas han construido a través de su historia y que hoy forman parte de su patrimonio para transferirlas discrecionalmente”. La empresa también advirtió que la incertidumbre regulatoria afecta la sostenibilidad del negocio y amenaza miles de puestos de trabajo vinculados a la pesca industrial en la Región del Biobío. La controversia judicial se suma ahora al complejo escenario reputacional que enfrenta Landes luego de que uno de sus ejecutivos fuera detenido en Brasil tras ser acusado de emitir insultos racistas y homofóbicos contra otro pasajero durante un vuelo internacional de LATAM Airlines.