¿Sabía usted que hay 3. 555. 222 personas que viven en la pobreza porque sus ingresos monetarios y el acceso a una educación de calidad, alimentación adecuada, conectividad y barrios seguros no le permiten condiciones para realizar sus proyectos de vida ni para posibilitar que sus hijos a futuro tengan mejores condiciones de vida?

Lo anterior se agrava, si se considera que sin los subsidios estatales como la Pensión Garantizada Universal, el Subsidio Único Familiar y otros, pues la cifra escalaría a 4. 479. 800 personas.

En otras palabras, la fragilidad de la vida de ellos, en su mayoría mujeres y niños y adolescentes, tiene una trayectoria anterior que habla de los barrios que habitan, las escuelas a las que asistieron, las cargas de cuidados que tuvieron, las violencias en que se desarrollaron, las horas de espera en consultorios y paraderos de buses y las deudas que adquirieron. No son trayectorias sin esfuerzo, ni dedicadas al vagabundeo o al “carrete” y la delincuencia, como muchos pretenden justificar esas condiciones de vida. Esta discriminación opera transversalmente y se ha impuesto culturalmente por la idea que cada uno es responsable exclusivo de su éxito y nadie quiere aparecer como fracasado ante sus semejantes.

Las personas que viven en condiciones de pobreza no son libres, aunque la ley lo diga. A las personas pobres se les ha expropiado su dignidad en tanto la sociedad -el Estado- no les ha garantizado igualdad de condiciones básicas para desarrollar sus capacidades y potencialidades desde la niñez. La libertad es la posibilidad de realizarse como individuo y a la vez que el Estado no reprima por acción u omisión esas posibilidades, que están enmarcadas en el respeto a las leyes y a los derechos humanos.

Es decir, la libertad debe posibilitar el realizarse usando la voluntad, la razón y los valores adquiridos, bajo las condiciones del respeto a los derechos de los otros. Si no hay respeto a la libertad de “esos otros”, los pobres, el ejercicio de la libertad no es real en la sociedad. Las personas que viven en condiciones de sobrevida no tienen posibilidades de construir proyectos de vida y tomar decisiones libremente, pues están acosadas por el hambre y la urgencia de sobrevivir en el presente.

Esta situación condiciona las posibilidades de desarrollar sus potenciales, y sus esfuerzos cotidianos le impiden o empantanan la posibilidad del ascenso social. En este sentido, la pobreza no es sólo un problema de “los pobres”, es un tema de la sociedad, que desperdicia capacidades y tensiona la paz social, en tanto un Estado que promete ser de y para todos frustra anhelos y proyectos de vida que incrementarían, con su inclusión, el desarrollo del país. La administración de la pobreza no resuelve el problema de su superación.

La omisión del Estado en garantizar los derechos humanos en este plano, debilita la credibilidad en la democracia y abre espacios a autoritarismos (con su discurso cortoplacista) o al populismo (por su verborrea vacía), pero también a los carteles criminales que llenan los espacios con la “ayuda social”, el trabajo marginal y el “ser alguien” en un entorno degradado a pesar del esfuerzo cotidiano. La pobreza se supera con esfuerzo individual, pero en un contexto de crecimiento económico + justicia tributaria + provisión estatal de los derechos. Esta no puede quedar excluida de la agenda política del país, si se busca generar seguridad, bienestar familiar y libertad.

Como un paso en esa dirección el INDH realizó este mes de abril un seminario sobre Pobreza, Políticas Públicas y Derechos Humanos con la participación de destacados/as expositores provenientes de distintas actividades, disciplinas, opciones políticas y enfoques sobre el tema, que ayudan a este objetivo.