La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves el crédito tributario al empleo incluido en el plan de reconstrucción impulsado por el gobierno, luego de que el Ejecutivo accediera a modificar el diseño original de la iniciativa. Más allá de las diferencias políticas que han marcado la discusión del proyecto, el episodio evidenció cómo el debate técnico y un diálogo legislativo con disposición a introducir ajustes permitieron viabilizar una de las medidas más discutidas del paquete de reactivación. La propuesta original contemplaba un crédito tributario equivalente al 15% de las remuneraciones para trabajadores con ingresos entre 7,8 y 12 UTM, beneficio imputable al impuesto de Primera Categoría, IVA y pagos provisionales mensuales.

Sin embargo, el elevado costo fiscal de la iniciativa, estimado en cerca de US$ 1. 400 millones anuales, y las dudas respecto de su efectividad habían convertido al instrumento en uno de los más cuestionados del plan. Diversos especialistas advirtieron que el mecanismo estaba más orientado a retener empleo que a generar nuevas contrataciones, con un retorno incierto en términos de costo-beneficio y un importante nivel de renuncia tributaria para el Estado.

Los ajustes introducidos al crédito tributario al empleo resultan razonables en medio del debilitado mercado del trabajo. Fue en ese contexto donde la negociación parlamentaria permitió introducir modificaciones relevantes. El Ejecutivo accedió a reemplazar la tasa uniforme por un esquema focalizado: el crédito partirá en 14%, aumentará a 15% para mujeres y agregará 1,5 punto porcentual en el caso de trabajadores menores de 25 años.

De esta manera, una mujer joven podrá acceder a un beneficio de hasta 16,5%, mientras que para hombres mayores de 25 años la tasa llegará a 13%. Según Hacienda, el rediseño mantiene un impacto fiscal similar al originalmente proyectado, aunque con una focalización más precisa hacia grupos con mayores dificultades de inserción laboral. El cambio parece razonable considerando la situación del mercado del trabajo.

La tasa de desocupación nacional se situó en 8,9% anual en el trimestre enero-marzo, acumula 38 meses consecutivos por sobre 8%. En el caso de las mujeres la cifra se empinó a 10% en la última medición, mientras que entre los jóvenes bordea el 20%. A ello se suma una informalidad persistente y una débil creación de empleo asalariado privado formal.

En ese escenario, mecanismos orientados a sostener vínculos laborales formales y reducir costos de contratación para grupos más rezagados adquieren una relevancia distinta a la que tendrían en un contexto de mayor dinamismo económico. El debate legislativo permitió, asimismo, corregir eventuales riesgos de abusos mediante remuneraciones variables o bonos, cuestión que fue parcialmente abordada en la nueva fórmula. No obstante, persisten algunas interrogantes respecto de las dificultades de inserción de otros grupos rezagados, como los trabajadores mayores de 50 años.

Aun así, se trata de un paso que muestra cómo instrumentos originalmente cuestionados pueden alcanzar mayores niveles de consistencia técnica cuando la discusión parlamentaria logra desplazarse desde posiciones rígidas hacia criterios de efectividad, particularmente en un escenario donde la debilidad del mercado laboral exige respuestas focalizadas y fiscalmente sostenibles.