Al mismo tiempo, la cartera aseguró que se trata de una “práctica habitual al inicio de una nueva gestión” y comprometió reingresar los instrumentos a tramitación “a la brevedad”. Por último, desde el Ministerio del Medio Ambiente acusaron que el gobierno saliente ingresó a tramitación 21 decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron un día antes del cambio de mando. “El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República.

Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso”, concluye el comunicado. Preocupación en Biobío En la Región surgieron múltiples reacciones tras la decisión del Ministerio de Medio Ambiente. En ese contexto, el diputado por el Distrito 20, Antonio Rivas (PS), calificó la acción del Gobierno como “una señal preocupante”.

“La defensa del medio ambiente no puede quedar en pausa ni supeditarse a decisiones administrativas. Cuando se frenan medidas que buscaban proteger especies y ecosistemas, se instala una señal preocupante respecto del compromiso real con nuestra biodiversidad”, afirmó el congresista de Biobío. En la misma línea, Rivas señaló que “entendemos que pueden existir razones económicas detrás de estas decisiones, pero es clave que se revisen, porque el desarrollo tiene que avanzar con equilibrio, resguardando nuestro entorno y no debilitándolo”.

Asimismo, el parlamentario también hizo énfasis en que aquel tipo de decisiones “también impacta a nuestra región del Biobío y al distrito 20, donde tenemos territorios de alto valor ambiental como el Parque Nacional Nonguén, humedales urbanos en San Pedro de la Paz y Talcahuano, y ecosistemas costeros que requieren protección permanente”. Paralelamente, la diputada Lilian Betancurt (PDG), también manifestó su inquietud por la acción de la cartera de Medio Ambiente y comentó que “veo con mucha preocupación el retiro de los decretos anunciados por el ministro”. En esa arista, la parlamentaria local complementó que “aunque se trate de una medida temporal, frenar acciones como la protección de especies en peligro, la creación de áreas protegidas y la regulación de la contaminación genera inquietud y puede provocar disconformidad en las comunidades que históricamente han defendido estos espacios”.

Al contrario de sus colegas parlamentarios, el diputado oficialista, Roberto Arroyo (PSC) calificó la acción como una “medida de responsabilidad administrativa y eficiencia pública”, argumentando que el Ejecutivo “decidido revisar estas normativas para asegurar que sean técnica y legalmente sólidas, evitando que sean frenadas posteriormente por la justicia o la propia Contraloría”. Igualmente, el diputado agregó que el retiro de los decretos “no se trata de desproteger el medio ambiente, sino de modernizar la permisología y garantizar que el crecimiento económico sea sostenible. Necesitamos reglas claras que den certeza tanto a las comunidades como a la inversión, eliminando la burocracia que hoy traba el desarrollo del país”.