“Es una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos. El mismo delito, diferente castigo. Es otro paso hacia el apartheid.
El mundo no puede permanecer en silencio” remarcó Sánchez, uno de los defensores más firmes de los palestinos entre los líderes occidentales. El apartheid fue el sistema de segregación racial impuesto por los gobiernos de la minoría blanca de Sudáfrica en la segunda mitad del siglo pasado. España se encuentra inmersa en un conflicto diplomático con Israel desde las duras críticas de la Administración de Sánchez al Gobierno israelí durante las hostilidades contra Gaza entre 2023 y 2025, a la que calificó de “genocidio”.
🇮🇱 Israel has approved the death penalty for Palestinians but not for Israelis who commit the same crime. Sixty-two lawmakers, including Prime Minister Benjamin Netanyahu, voted in favour of the controversial bill which has been condemned by Britain ⬇️https://t. co/qqeYJMByyy pic.
twitter. com/ZS037vXZ0w — The Telegraph (@Telegraph) March 30, 2026 En diversas ocasiones, los funcionarios del Gobierno de Benjamin Netanyahu han justificado sus acciones violentas contra los palestinos, mientras tachan la postura española de “antisemita”. La brecha se agudizó este mes tras la oposición de España a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, lo que llevó al país europeo a retirar definitivamente a su embajador en Israel el pasado 11 de marzo.
Según el borrador debatido en comisión parlamentaria, la legislación obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena de muerte a palestinos condenados por el asesinato de ciudadanos israelíes en actos considerados “terroristas”, salvo excepciones limitadas y poco definidas. Estos tribunales militares solo juzgan a palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que los ciudadanos israelíes —incluidos los colonos judíos frecuentemente involucrados en asesinatos y otros actos violentos contra los palestinos— son procesados en tribunales civiles. En estos casos, la pena de muerte no sería obligatoria y requeriría condiciones adicionales, como demostrar que el crimen tenía como objetivo negar la existencia del Estado de Israel.
Para expertos legales y organizaciones de derechos humanos, esta diferencia crea un sistema judicial dual que, en la práctica, afectaría principalmente a los palestinos. “Se aplicará en los territorios con tribunales militares, que son tribunales palestinos. Se aplicará en los tribunales israelíes, pero solo a actividades terroristas motivadas por el deseo de socavar la existencia de Israel.
Esto significa que los judíos no serán procesados bajo esta ley”, declaró el investigador Amichai Cohen, del Instituto Israelí para la Democracia, La legislación también establece que las ejecuciones se realicen por ahorcamiento en un plazo de hasta 90 días tras la sentencia firme, sin contemplar mecanismos claros de clemencia o indulto.