Tras concretarse el primer vuelo de expulsión de inmigrantes en situación irregular del gobierno del presidente José Antonio Kast, el Ejecutivo defendió el operativo como un punto de inflexión en su política migratoria, asegurando que este tipo de acciones se intensificarán tanto por vía aérea como terrestre. El procedimiento, realizado durante la madrugada de este jueves mediante un avión Boeing 737, permitió la salida del país de 40 personas. De acuerdo a lo consignado por Emol, de ellas, cinco residían en la región de Coquimbo, específicamente en las comunas de Illapel (2), La Serena (2) y Ovalle (1).

Cabe señalar que 30 de los expulsados registraban antecedentes asociados a delitos de alta gravedad, como tráfico de drogas, robos y porte ilegal de armas. En cuanto a las nacionalidades, se informó que 19 eran colombianos, 12 bolivianos y 9 ecuatorianos, sin presencia de ciudadanos venezolanos en este operativo. En relación a los delitos, diez casos correspondían a ingreso por pasos no habilitados y otros diez a receptación de vehículos motorizados.

También se registraron ocho casos de tráfico de drogas y cuatro de robo con violencia, además de otros ilícitos como lesiones, daños simples, porte ilegal de armas y distintos tipos de robo. Asimismo, según el mismo medio, la mayoría de los expulsados residía en distintas ciudades del país, concentrándose principalmente en Santiago (13) y Calama (8), además de otras comunas como Arica (2), Curicó (2), Illapel (2), La Serena (2) , Talcahuano (2). A las anteriores se suman uno de Antofagasta, Iquique, Los Andes, Ovalle, Punta Arenas, San Fernando, Temuco, Vallenar y Valparaíso.

Las autoridades señalaron que esta acción marca el inicio de una estrategia más amplia de control migratorio. No obstante, evitaron referirse en detalle a la situación de ciudadanos venezolanos con órdenes de expulsión, en medio de la compleja relación diplomática con ese país. Finalmente, desde el Ejecutivo insistieron en que estas expulsiones no serán hechos aislados, sino parte de una política sostenida en el tiempo para reforzar el control migratorio en el país.