“El trabajo multidisciplinario que ellos realizan se ha traducido en efectividad en la restauración de derechos de niños, niñas y adolescentes en la región. Ha sido un programa muy contributivo que trabaja de manera coordinada con otros organismos, permitiendo materializar el mandato de la Ley 21. 430”, indicó.
El Programa Mi Abogado desarrolla sus intervenciones mediante equipos integrados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, conformando lo que técnicamente se denomina una tríada psicosociojurídica, modelo que permite abordar los casos desde una perspectiva integral. Entre los principales hitos alcanzados entre 2019 y 2026, destacan el trabajo sostenido en casos de explotación sexual infantil, la gestión de acceso a prestaciones de salud mental especializada y su participación como acusador particular en causas penales emblemáticas de la región, incluyendo condenas por abuso sexual impropio y un caso de femicidio íntimo que culminó con presidio perpetuo calificado. Asimismo, desde el programa destacaron que su trabajo ha tenido incidencia directa en políticas públicas regionales, contribuyendo a generar condiciones para la implementación de dos residencias de administración directa del Estado en Magallanes.