Hay personas en Chile que un día decidieron alzar la voz, sin ser activistas, ni contar con abogados o redes. Lo hicieron porque vieron algo injusto frente a sus ojos: un río que se estaba destruyendo, un basural ilegal cerca de sus casas, un bosque que desapareció sin explicación. Lo hicieron ejerciendo un derecho humano básico: gozar un medio ambiente sano, limpio y sostenible, sin embargo, enfrentaron consecuencias por ello.

Eso es lo que presenta el tercer “Informe Anual sobre Personas Defensoras Ambientales” elaborado por la Fundación Escazú Ahora, organización parte de la Plataforma de Derechos Humanos y Empresas, que analiza datos del año 2025 y está disponible en su sitio web. El documento registra 72 agresiones contra 67 personas que defienden el medioambiente, lo que representa un aumento significativo respecto del año anterior, tanto en número de ataques como de personas afectadas. Se trata del mayor nivel desde que comenzó este registro en 2023.

¿Quiénes son estas personas? Dirigentes sociales, periodistas, científicas, integrantes de pueblos indígenas, vecinos y vecinas que denuncian situaciones que afectan sus territorios. En la práctica, se trata de personas que ejercen acciones de protección ambiental desde distintos espacios, muchas veces, incluso, sin reconocerse a sí mismas como “defensores”.

Según el informe, las mujeres concentran el 55% de las agresiones registradas. Pero no se trata solo de una mayor exposición, sino que además enfrentan formas de violencia diferenciadas. En varios casos documentados, las amenazas se dirigen a sus familias como mecanismo de presión: uno de los casos da cuenta del hijo menor de una defensora que comenzó a presentar alteraciones del sueño y síntomas físicos producto del miedo constante en su hogar.

Así, vemos cómo la violencia no afecta solo a quien defiende, sino que se expande a su entorno más cercano. Otro de los elementos relevantes es el aumento de la difamación como forma de agresión: en 2024 representaba un 4% de los casos; en 2025, un 36%. Este incremento se expresa, por ejemplo, en la exposición de rostros y nombres de organizaciones y personas en un reportaje publicado por El Mercurio en 2025, donde se les calificó como “un verdadero dolor de cabeza para las inversiones”; así como en desacreditaciones públicas desde sectores empresariales hacia científicas como Cristina Dorador, cuestionadas por su rol en la defensa ambiental.

En muchos de estos casos, las agresiones se producen en contextos de conflicto con proyectos o intereses económicos, lo que refuerza la necesidad de avanzar en estándares de debida diligencia empresarial en derechos humanos. Esto implica no solo prevenir impactos ambientales, sino también identificar y abordar riesgos hacia las personas y comunidades que participan activamente en la defensa de sus territorios. El informe también da cuenta de obstáculos persistentes en el acceso a la justicia.

Cerca de un tercio de las personas afectadas no realizó ninguna acción tras la agresión, mientras que la gran mayoría de los casos (83%) que sí fueron denunciados permanece en trámite, y sólo un 8,6% tuvo un resultado favorable. Este escenario da cuenta de limitaciones institucionales que inciden en la protección efectiva de quienes ejercen labores de defensa ambiental. Este contexto dialoga directamente con los compromisos asumidos por Chile en el Acuerdo de Escazú, cuya COP4 se llevó a cabo recientemente en Bahamas.

A más de dos años de su ratificación, los datos muestran que aún existen brechas importantes entre estos compromisos y su implementación práctica. Más que hechos aislados, lo que muestra el informe son patrones que requieren atención. Visibilizar esta situación no es solo un ejercicio informativo, y reconocer a quienes defienden el medio ambiente no es solo un acto simbólico: es parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia entornos más seguros para quienes defienden derechos fundamentales, y hacia una democracia ambiental que pueda sostenerse en el tiempo.

Por Roberto Morales Farías Coordinador Ejecutivo de la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas.