Tras dos años de la primera querella presentada contra la exgobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, las investigaciones judiciales continúan sin avances públicos, sin formalizaciones y bajo estricta reserva por parte del Ministerio Público, generando incertidumbre en torno al estado real de las causas. Se trata de al menos dos procesos penales que indaga la Fiscalía Regional, vinculados a presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho, los cuales se arrastran desde 2023 y 2024, respectivamente, sin que hasta ahora se conozcan diligencias concretas o resultados visibles. Desde el propio Ministerio Público confirmaron a El Día que las investigaciones siguen en curso, pero sin entregar mayores antecedentes.

“En efecto, la querella interpuesta por presuntos delitos de fraude al fisco y otros hechos, como uso de un vehículo fiscal, los viajes y pagos por multas y desvinculaciones, así como la denuncia por presunto delito de cohecho se encuentran actualmente en desarrollo y en reserva por parte de la Unidad SAC (Análisis Criminal) de la Fiscalía Regional. Al encontrarse en reserva y sin formalizar, la Fiscalía no realizará comentarios, ni informar antecedentes, para no entorpecer las diligencias en curso”, señalaron. Las causas que hoy permanecen sin avances públicos tienen su origen en denuncias presentadas hace años.

La primera, impulsada en 2023 por consejeros regionales, apuntaba a un eventual uso irregular de recursos fiscales, incluyendo viajes internacionales sin justificación clara, pago de una multa personal con fondos públicos y uso indebido de un vehículo fiscal. A ello se sumó en 2024 una segunda denuncia por presunto cohecho ingresada por el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida, basada en testimonios de 8 exfuncionarios que acusaron el eventual cobro de dinero al interior del Gobierno Regional, bajo presiones vinculadas a la continuidad laboral. Según los antecedentes, el supuesto modus operandi consistía en solicitar aportes económicos a funcionarios, entre $50.

000 y $500. 000 para financiar una eventual campaña de reelección de la entonces autoridad regional. En ese contexto, Naranjo habría designado como “recaudadora” a una funcionaria de confianza, quien recolectaría los dineros por mano, para luego entregárselo en efectivo a la gobernadora.

Actos que se realizaban tanto en la casa fiscal que utilizó la exgobernadora como en las oficinas institucionales. Sin informaciónAnte la reserva de las investigaciones, desde el Gobierno Regional reconocen que cuentan con información respecto a los procesos. El actual gobernador Cristóbal Juliá, afirmó que, pese a los requerimientos realizados por distintos organismos, no han recibido respuestas sobre el estado de las causas.

Cabe recordar que también se cuentan investigaciones desde Contraloría General de La República. “Desde que asumió esta administración, se nos ha solicitado información tanto por parte de Fiscalía como de la Contraloría Regional respecto a diversas materias relacionadas con la ex gobernadora, por lo que tenemos conocimiento de al menos 4 procesos por eventuales irregularidades en su gestión. De hecho fuimos nosotros mismos quienes (…) solicitamos información a la Fiscalía sobre la existencia de acciones judiciales en contra de la ex gobernadora (…) Hasta la fecha no hemos recibido respuesta”, indicó.

Juliá agregó que, si bien no tienen acceso directo a los expedientes, las solicitudes de información apuntan a diversas denuncias. “Según la información solicitada por los organismos señalados, se trataría de denuncias por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco, uso indebido de vehículo fiscal, viajes al extranjero sin la debida justificación, extorsión y cobro de dineros a funcionarios de gabinete y a honorarios, maltrato y acoso laboral”, sostuvo. Desde el Consejo Regional, en tanto, también reconocen la ausencia de avances.

La consejera y presidenta de la Comisión de Régimen Interno, Paola Cortés, afirmó que no han tenido noticias sobre el desarrollo de las investigaciones, enfatizando que la prioridad ha estado en retomar la gestión institucional tras la crisis. “Respecto a las irregularidades ocurrida en el periodo de la exgobernadora Krist Naranjo, no hemos tenido noticias de los avances de esa investigación. Para nosotros, como Consejo Regional, lo importante era la institución y que alguien pudiera quedar a cargo de la región (…) sólo nos hemos enfocado en poder priorizar los proyectos”, señaló.

En la misma línea, la consejera regional Ximena Ampuero apuntó a la necesidad de cerrar el proceso que marcó la administración anterior. “Tenemos que hacer un cierre más bien administrativo y eso es lo que estamos solicitando con la información en las respectivas instituciones. Estamos a la espera de que de una vez por todas podamos cerrar un ciclo en este Gobierno Regional”, expresó.

Pese a la gravedad de los antecedentes y al impacto político que generaron —incluyendo la destitución de la exautoridad por notable abandono de deberes—, las investigaciones se mantienen hasta ahora en una etapa inicial, sin formalizaciones ni resultados, prolongando un escenario de incertidumbre que persiste en la Región de Coquimbo.