El Gobierno ingresó este martes el proyecto "Escuelas Protegidas", que propone reforzar la seguridad en los colegios con la prohibición de pasamontañas y sanciones a estudiantes involucrados en hechos de violencia. La iniciativa busca enfrentar la crisis de violencia escolar, agudizada tras el crimen en Calama y una seguidilla de amenazas de tiroteos en distintos puntos del país. Sin embargo, desde el Congreso y el mundo educativo han surgido críticas que apuntan a que el proyecto no aborda las causas estructurales del problema.

La diputada Daniela Serrano (PC), acusó que el proyecto traslada la responsabilidad a los profesores sin incorporar nuevas herramientas ni financiamiento. "No hay mayor inversión pública para hacerse cargo del problema y, es más, están poniendo la responsabilidad en el cuerpo docente", advirtió, cuestionando que no se priorice el uso de tecnología para el control de seguridad en los establecimientos. En una línea similar, el diputado Jaime Araya (independiente) planteó que el debate se está quedando en lo superficial.

A su juicio, el foco debería estar en impedir el ingreso de armas, pero también en abordar una crisis más profunda. La violencia escolar está "fuertemente asociada a una crisis de salud mental de la que nadie está hablando y que el gobierno no se hace cargo", sostuvo. Desde el Colegio de Profesores también surgieron reparos, especialmente frente a las sanciones asociadas a la interrupción de clases.

El gremio advirtió que el proyecto podría criminalizar protestas estudiantiles al no diferenciarlas adecuadamente de actos delictivos graves como el uso de artefactos incendiarios. Oficialismo respalda, pero pide ajustes El diputado Diego Schalper, respaldó la idea de "restablecer el orden en los colegios", pero advirtió que el proyecto debe revisarse en detalle. El parlamentario enfatizó que cualquier política de seguridad debe "tener perspectivas de reinserción y de rehabilitación", señaló, abriendo el debate sobre si el proyecto prioriza la sanción por sobre la recuperación.

El proyecto ya fue ingresado con suma urgencia a la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de un escenario marcado por la presión pública para enfrentar la violencia en colegios, pero también por la necesidad de consensos políticos.