¿Quién revisará las mochilas? En cuanto a la discusión sobre la revisión de bolsos y mochilas, el subsecretario Rodríguez aclaró que si la función no está establecida el contrato de un funcionario, éste "podría argumentar no realizarla". "Lo que hemos dicho es que es personal que esté autorizado para ello, y para que esté autorizado para ello debe estar en su contrato.
No quisiera profundizar demasiado en eso", agregó. Por su parte, el diputado Ricardo Neumann (UDI) rechazó la obligatoriedad de capacitaciones: "Hay que darles certeza jurídica y autonomía a estas normas,y facultades a las comunidades educativas para enfrentar este problema. Ellos saben infinitamente mejor que nosotros quién es el funcionario en la comunidad en concreto que está más capacitado para poder hacerlo.
Tenemos que confiar más en las comunidades educativas", apuntó. Indicaciones aprobadas y rechazadas La comisión, de mayoría oficialista, rechazó una indicación presentada por la diputada Emilia Schneider (FA) que apuntaba a que los encargados de revisar bolsos y mochilas estén debidamente capacitados. No obstante, se aprobó una propuesta presentada por el diputado Luis Pardo (RN), que buscaba que sean las comunidades escolares las que determinen cómo se capacita el personal.
La sesión de hoy también contó con la participación de la ministra de Educación, María Paz Arzola. (Foto: ATON). "Se vería muy mal que hoy día ellos no estuvieran del lado de niños y niñas cuando estamos hablando de que queda estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como la revisión corporal de vestimentas que esté usando", manifestó la diputada Daniela Serrano.
"Esto no es accesorio: viene a cubrir uno de los flancos que tiene este proyecto a propósito de la revisión, sobre todo de las vestimentas", subrayó. De momento, los parlamentarios han rechazado la idea de impedir la revisión a menores de edad; la prohibición revisar el contenido de celulares; el resguardo de estudiantes con necesidades educativas especiales durante las revisiones y la obligatoriedad de levantar un acta escrita detallada de cada procedimiento.