En una ofensiva por fortalecer la probidad en la gestión pública, la Contraloría General de la República presentó este martes RADAR (Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo). Esta innovadora herramienta tecnológica identificó que, en un periodo de 17 meses, diversas municipalidades, Gobiernos Regionales (GORE) y la SUBDERE transaron más de $1,1 billones de pesos mediante la modalidad de trato directo, encendiendo las alarmas sobre el posible uso injustificado de este mecanismo excepcional. Tratos directos bajo la lupa: El riesgo del billón de pesos El primer reporte emitido por RADAR analizó el comportamiento de las compras públicas entre enero de 2024 y mayo de 2025.

Los resultados son contundentes: se emitieron un total de 556. 222 órdenes de compra bajo las modalidades de trato directo o contratación excepcional con publicidad. La preocupación del organismo fiscalizador radica en que el monto total de estas operaciones asciende a $1.

167. 244. 609.

803. Según el documento oficial, esto representa un riesgo administrativo crítico, ya que "no siempre podrían concurrir los supuestos fácticos y jurídicos" que permiten saltarse las licitaciones públicas, que deberían ser la regla general y no la excepción. Posibles conflictos de interés y proveedores "fantasmas" Más allá de los montos totales, RADAR detectó una segunda alerta roja: el vínculo entre funcionarios públicos y proveedores.

La herramienta identificó operaciones por más de $889 millones asociadas a empresas de reciente constitución que mantienen lazos con personas que intervienen en los procesos de compra. Este hallazgo configura un riesgo potencial de conflicto de intereses, donde la imparcialidad de la función pública podría verse comprometida en favor de proveedores creados con el fin específico de adjudicarse fondos estatales de manera expedita. Dorothy Pérez: "Es un enfoque de alerta temprana" Pese a la gravedad de las cifras, la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, aclaró que el objetivo de RADAR no es sentenciar culpabilidades de forma inmediata, sino prevenir actos de corrupción antes de que ocurran.

"La herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir escenarios que, de no ser oportunamente gestionados, podrían derivar en conflictos de interés o en afectaciones a los principios de probidad e imparcialidad", señaló la autoridad. Consecuencias y fiscalizaciones El reporte busca que los alcaldes, gobernadores regionales y las autoridades de la SUBDERE adopten medidas de control internas de manera inmediata. Sin embargo, la Contraloría advirtió que, en los casos donde las alertas correspondan a hechos concretos de irregularidad, se procederá con: Fiscalizaciones específicas en terreno.

Determinación de responsabilidades administrativas. Denuncias ante el Ministerio Público si se detectan indicios de delitos. Con este nuevo sistema, la Contraloría espera que las instituciones públicas del país, incluidas las de la Región del Maule, reduzcan la discrecionalidad en el uso de los recursos de todos los chilenos.