El Ministerio de Vivienda anunció el término anticipado del contrato con la empresa constructora San Sebastián, encargada de las obras de reconstrucción en el sector El Olivar de Viña del Mar, tras el megaincendio de 2024. La medida fue acompañada por una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de Valparaíso debido a irregularidades técnicas y el uso de materiales no certificados. "Lo que hicimos fue ordenar un peritaje en base a denuncias que recibimos respecto a los materiales que estaba usando una constructora, que no estaban certificados, que estaban combinando materiales certificados con materiales no certificados", detalló el ministro Iván Poduje.
"Yo instruí que fuera un equipo de técnicos a hacer una revisión de todos los planos de cálculos, de todos los planos presentados, y se detectaron falencias graves. En función de esas falencias graves ordené sumarios y, además, acciones judiciales", agregó el secretario de Estado. Para mitigar el impacto en las familias damnificadas, quienes han esperado más de dos años por sus soluciones habitacionales, Poduje explicó que su cartera presentó "un plan alternativo que nos permite entregar las viviendas en diciembre y, de esa manera, recuperar el tiempo perdido".
"Vergüenza a nivel mundial": Duras críticas de los damnificados A pesar del nuevo cronograma, el malestar entre los vecinos es profundo. Rigoberto San James, vocero de las familias afectadas, criticó duramente el proceso de licitación y la supervisión de la Administración anterior, calificando a la constructora involucrada como una "empresa fantasma". "Qué bueno que Poduje terminara el contrato.
Sabemos que hay familias que están molestas porque hay casas que se habían avanzado, pero, si no cumplen las medidas necesarias de seguridad en cuanto a incendios o terremotos, es mejor perder eso que se hizo, perder el tiempo y empezar desde cero seriamente con una empresa que sepa del rubro", señaló el dirigente. "Es una vergüenza a nivel mundial más que nacional, porque deja al descubierto un Gobierno negligente que permitió que esto sucediera; un Gobierno que abandona a la gente en cuanto al acompañamiento de reinserción social y laboral, ni hablar de la ayuda psicológica, y que, además, jugó con los dineros de la reconstrucción en empresas fantasma", fustigó San James. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que deberá investigar las responsabilidades penales de la empresa y posibles negligencias en la administración de los fondos destinados a la emergencia.