Desde el Serviu Biobío, su director (s), Carlos Riffo, explicó que el despliegue se está realizando con criterios de priorización definidos por la condición de habitabilidad de las familias. “Algunos estaban viviendo en carpas o en casas de familiares”, señaló, detallando que esta primera etapa apunta a resolver los casos más urgentes, mientras el resto avanzará en fases posteriores, a medida que se completen evaluaciones técnicas y se habiliten nuevos proyectos. En tanto, desde la comunidad, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Miramar, Martina Fuentes, valoró que el proceso avance, aunque advirtió que las soluciones generan cuestionamientos.
“Hoy día es lo que tenemos”, dijo, reconociendo que “a lo mejor no es lo que nosotros queríamos, no es lo que nosotros anhelábamos”, pero que responde al contexto actual. En esa línea, destacó el trabajo previo realizado junto a equipos técnicos, señalando que “se hizo familia a familia”, considerando distintas realidades del sector. Fuentes agregó que parte de los vecinos pudo visitar en terreno una de las tipologías ofrecidas, lo que permitió aterrizar las expectativas respecto a las viviendas.
“Hay vecinos que pueden elegir y otros que prefieren esperar otra alternativa”, explicó, dejando en evidencia que, pese a los avances, el proceso sigue siendo evaluado caso a caso por las familias, en función de sus necesidades y condiciones particulares. Inquietud de un grupo de vecinos Sin embargo, la jornada también dejó en evidencia tensiones en torno a ciertas familias que a día de hoy avanzan por la vía de la autoconstrucción, quienes plantearon dudas por los criterios de asignación de los subsidios. Según expusieron, la información inicial indicaba que el monto del beneficio —que en algunos casos se cifraba en hasta $28 millones, o cerca de $20 millones si existía avance parcial— podría disminuir o incluso perderse dependiendo del progreso de las obras, lo que generó la percepción de un eventual “castigo” por haber reconstruido por cuenta propia.
Esta situación llevó a algunos vecinos a detener sus trabajos ante el temor de quedar fuera del financiamiento estatal, pese a que varios se encuentran en condiciones precarias, incluso habitando en carpas o soluciones transitorias. Durante la actividad, sin embargo, autoridades y equipos técnicos aclararon que los casos serán evaluados de manera individual, permitiendo continuar las obras y considerando mecanismos de apoyo como la entrega de materiales e incluso la revisión de inversiones ya realizadas por las familias. El alcalde Vera abordó este punto señalando que estos ajustes responden al paso “de los decretos al operativo en terreno”, donde surgen nuevas realidades que requieren adecuaciones.
“Vamos a evaluar casa a casa la realidad”, afirmó, agregando que existen familias que ya han avanzado por sus propios medios y que el proceso buscará integrarlas, incluyendo la eventual devolución de parte de los recursos invertidos por las propias familias.