En este contexto, la alerta sanitaria oncológica decretada el pasado 20 de marzo, que entre otras cosas habilita la compra prioritaria de prestaciones al sector privado, refuerza una señal preocupante: lo que se busca entonces no es ahorro ni eficiencia, sino sólo transferencia de gasto público al sector privado. Como federación que representa a profesionales de la salud pública de la Región Metropolitana, advertimos que persistir en esta dirección no solo debilita más a un sistema subfinanciado, sino que pone en riesgo la continuidad y seguridad de la atención de pacientes y a los equipos de salud. Fortalecer la salud pública no es sólo una consigna, es una necesidad urgente para garantizar el derecho a la salud de la población.