El debate sobre el financiamiento de la educación superior se instaló con fuerza tras el primer encuentro entre la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), donde se transparentó que el sector no será prioridad en el corto plazo. La cita, realizada en la Universidad de Concepción, estuvo marcada por el reconocimiento de un escenario fiscal estrecho y por el anuncio de un recorte del 3% en las carteras, lo que obligará a redistribuir recursos con foco en educación inicial. En ese contexto, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, abordó las implicancias de estas medidas.
“En el actual escenario fiscal del país, las decisiones orientadas a la sostenibilidad de las finanzas públicas forman parte de un debate legítimo y necesario. Las medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, en particular aquellas que buscan ajustar el gasto en educación superior, deben ser comprendidas en ese marco de responsabilidad fiscal y priorización de recursos”. No obstante, el rector enfatizó el rol estructural que cumplen las instituciones públicas, especialmente en territorios extremos.
“En este contexto, es igualmente importante considerar que la educación superior -y especialmente el sistema de universidades estatales y públicas- cumplen un objetivo estratégico en el desarrollo social, territorial y productivo del país, como ha sido el rol que históricamente ha cumplido la Universidad de Magallanes. Las instituciones públicas no sólo forman capital humano avanzado, sino que también generan conocimiento, investigación y vinculación con el medio, aspectos clave para el progreso de regiones extremas y que avanzan en la descentralización”, afirmó. Las definiciones presupuestarias para 2026, que fueron dados a conocer a nivel nacional, contemplan un margen acotado que priorizará el fortalecimiento de la educación parvularia, relegando eventuales expansiones en educación superior.
Esta orientación ha generado inquietud en el sistema universitario, particularmente por la rigidez del presupuesto. De acuerdo con lo planteado en la instancia, entre un 80% y 82% de los recursos ya se encuentran comprometidos en gratuidad, Crédito con Aval del Estado (Cae) y subvenciones, lo que reduce considerablemente el margen de ajuste efectivo. Sobre este punto, Maripani advirtió que “medidas como cambios en la gratuidad universitaria o en los mecanismos de financiamiento estudiantil podrían tener efectos en el acceso y la equidad”.
Asimismo, agregó que “el ajuste general del gasto público -que considera reducciones presupuestarias transversales en los ministerios- podría impactar indirectamente en el financiamiento basal, programas de apoyo y proyectos estratégicos de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), particularmente en regiones, donde estas instituciones cumplen funciones insustituibles”. En ese escenario, el rector subrayó la necesidad de articular acuerdos que resguarden el desarrollo del sistema. “El diálogo entre el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones de educación superior resulta fundamental para asegurar que los ajustes se implementen con criterios de gradualidad, equidad y visión de largo plazo”, sostuvo.