El juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, justificó la decisión de dejar en prisión preventiva al exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez, afirmando que "de ser cierta la descripción de las conductas de los imputados, estamos frente a una red de corrupción". El magistrado afirmó que "el diputado imputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad o probidad, sino por su lealtad al esquema delictivo.
Como bien señalan varios autores expertos en corrupción, la corrupción no es un problema de 'manzanas podridas', sino de 'huertos capturados'". El juez además afirmó que Lavín y Domínguez arriesgan más de 10 años de cárcel, sin posibilidad de penas alternativas. Así, cerró, "La libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva".