En los últimos días ha comenzado a instalarse en el debate público que la rebaja del impuesto corporativo que el gobierno incluirá en el proyecto de reconstrucción beneficiará a los más ricos. Las encuestas de opinión lo recogieron durante el fin de semana, mientras políticos de oposición lo han levantado como argumento contra la idea de legislar, sin exhibir mayor evidencia. Llevada así la discusión, se distorsiona el debate y se desvirtúa el sentido de un proyecto que busca dotar al país de una estructura tributaria pro crecimiento, que incentive la inversión y el empleo.

Existe consenso respecto de que en Chile el actual nivel del impuesto de Primera Categoría, de 27%, resta competitividad a las empresas frente al promedio de 24% de la OCDE y de 21% en América Latina. La idea de rebajar este gravamen ha estado presente en el debate tributario desde antes de la actual administración e, incluso, el exministro de Hacienda Mario Marcel consideró una propuesta para rebajarlo a hasta 24%. Reducir la discusión a un supuesto beneficio para los más ricos es desconocer la necesidad de elevar la competitividad del país, mientras en su lugar el análisis se centra en cuánto podría dejar de recaudar el Fisco.

Se trata de una pregunta legítima, que debe abordarse, pero insuficiente, pues omite la emergencia laboral y de informalidad en el empleo que enfrenta el país. Reducir la discusión a un supuesto beneficio para los más ricos desvirtúa el sentido de una reforma procrecimiento. Hoy, Chile registra una tasa de desempleo de 8,3%, con cerca de 860 mil personas desocupadas y más de 2,5 millones en la informalidad.

Si a ello se suma que el actual régimen tributario ha ido configurando un sistema que, por su complejidad, segmentación y distorsiones, termina operando como un desincentivo a la inversión y, por esa vía, frena el empleo, la pregunta es, entonces, ¿qué porcentaje de la población podría perder potenciales nuevas oportunidades de empleabilidad si todo se mantiene igual? O dicho de otro modo, ¿cuánto le está costando al país mantener un esquema que desalienta la expansión de las empresas, la productividad y la formalización laboral? En esta línea, la discusión debería abordarse con más economía y menos ideología, sin perder de vista que cualquier ajuste debe realizarse con disciplina y sostenibilidad fiscal.

A ello se suma que buena parte de la reducción de la pobreza se ha sostenido en transferencias del Estado, más que en ingresos autónomos. Promover, condiciones que impulsen la inversión y el crecimiento es, por tanto, una mejor respuesta de empleabilidad. Ayer se conocieron, además, críticas de economistas de la oposición, asegurando que la rebaja tributaria “se apoya en una convicción ideológica, que carece de respaldo empírico sólido respecto de que por el solo hecho de pagar menos impuestos, las empresas y los propietarios actuarán en beneficio del país”, con lo cual no solo desconocieron infinidad de investigaciones, sino también las conclusiones de la Comisión Marfán, ampliamente validadas.

Estas sostienen que reducciones en la carga tributaria pueden tener efectos en torno a 0,65 punto del PIB. Es evidente que una medida de esta naturaleza exige mecanismos de compensación que aseguren su viabilidad fiscal. Y en ese sentido, será clave contar con un informe financiero detallado por parte del Ministerio de Hacienda, que permita sostener una discusión técnica y fundada en el Congreso.

Lo que le sobra al debate son las caricaturas y los eslóganes.