Hay conceptos que en Chile de repente se volvieron sospechosos. “Política industrial” es una de ellos. Se les pronuncian y aparece el gesto de alarma, como si el país estuviera por volver a repartir favores o fabricar elefantes blancos.
Pero conviene decirlo sin complejos. Si Chile es hoy una potencia forestal, lo es porque décadas atrás hubo una decisión pública clara y persistente de apoyar ese sector. El instrumento utilizado quedó establecido en lo que se conoció como DL 701.
Y digámoslo claro. Eso fue política industrial. Con todas sus letras.
No se trata de idealizar el pasado. El DL 701 tuvo costos, omisiones y efectos que sería irresponsable minimizar. Se le ha criticado la sustitución de bosque nativo, los monocultivos, la homogeneización del paisaje, la concentración de beneficios, la insuficiente integración de pequeños propietarios y los riesgos de plantaciones extensas mal ordenadas.
Muchas críticas son atendibles. Por eso, la discusión seria consiste en pensar un nuevo y moderno instrumento, ambientalmente exigente y territorialmente inteligente. La pregunta entonces es si Chile se atreve a diseñar una política forestal para el siglo XXI.
Antes de responder, conviene despejar dos confusiones. La primera es creer que la política industrial puede hacerse mediante política comercial. Imaginar que llenando de aranceles a los productos importados renacerá la industria nacional es no entender que los aranceles encarecen insumos, provocan represalias, distorsionan precios y castigan a los consumidores.
La política comercial puede acompañar una estrategia productiva, pero no reemplazarla. La segunda confusión es creer que basta con hacer política industrial mediante política tributaria. Rebajar aquí, eximir allá y esperar una inversión que no llega.
Pero si el problema es estructural, si hay trabas de permisos, escala, financiamiento, suelo, infraestructura o incertidumbre regulatoria, una rebaja aislada no mueve la aguja. Y si la inversión ya era rentable, el beneficio puede terminar siendo meramente una transferencia fiscal. El caso forestal es elocuente.
Grandes empresas chilenas invierten en otros países del continente, incluso en jurisdicciones con impuestos corporativos más altos que los nuestros. Luego, el problema no parece estar en una supuesta falta de competitividad tributaria de Chile. Tampoco se trata de pedirles que dejen de invertir afuera.
Se trata de crear condiciones para que sigan invirtiendo acá. No conviene reducir las decisiones de inversión a la tasa de interés, como si el costo del dinero fuera la única variable relevante. En las inversiones forestales, donde los retornos maduran en décadas, pesan muchos otros factores como la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria, los permisos razonables, la infraestructura, la disponibilidad de suelos, la prevención de incendios, reglas ambientales claras, la relación con las comunidades y la confianza en que el Estado cumpla lo que promete.
Acemoglu y Robinson recordaron en “Por qué fracasan los países” que el desarrollo depende, en último término, de la calidad de las instituciones. Eso mismo miran los inversionistas cuando deciden dónde poner capital de largo plazo. Se preguntan cuánto cuesta financiarse, pero sobre todo se preguntan si el país es confiable.
Eso exige un plan completo. No un parche, ni un eslogan o una rebaja suelta, sino un instrumento serio que combine bonificaciones focalizadas, exigencias ambientales estrictas, ordenamiento territorial, prevención de incendios, prohibición de sustituir bosque nativo, apoyo técnico, financiamiento de largo plazo, participación de pequeños y medianos propietarios, encadenamientos locales y reglas para que las regiones productoras capturen más valor. Chile cuenta hoy con alrededor de 2,5 millones de hectáreas de plantaciones forestales.
Una política de fomento clara, bien diseñada y ambientalmente exigente podría ampliar esa superficie hasta en un 50%, acercándola a los 3,7 millones de hectáreas. Una apuesta que sería capaz de modificar la escala del desarrollo forestal chileno. Este nuevo instrumento tendría un campo evidente donde operar: Atacama y Coquimbo.
Allí la forestación debiese diseñarse con especies apropiadas, nativas donde sea posible, criterios hídricos rigurosos, recuperación de suelos, protección de cuencas y adaptación climática. forestar allí puede ser una política contra la desertificación, una inversión en resiliencia ambiental y una fuente de empleo en territorios que miran pasar los ciclos de crecimiento desde la orilla. También el sur sigue ofreciendo una oportunidad enorme.
Hay conocimiento acumulado, infraestructura, puertos, capital humano, tradición productiva y mercados internacionales. La diferencia es que ahora hay que plantar mejor. Con mosaicos productivos, corredores ecológicos, manejo del fuego, mayor presencia de pequeños y medianos propietarios, más valor agregado industrial y beneficios visibles en las comunas donde se produce la riqueza forestal.
La vieja discusión entre Estado y mercado empobrece el debate. El DL 701 funcionó, en parte, porque entendió que hay inversiones cuyo retorno privado es demasiado largo, incierto riesgoso, aunque su retorno social sea enorme. En esos casos, el Estado empuja al mercado, lo ordena, lo orienta y le pide condiciones a cambio.
Esa es la mejor política industrial moderna: colaboración público-privada con metas, disciplina, evaluación y correcciones. Chile necesita volver a crecer. La macroeconomía ordenada es indispensable, pero no suficiente.
Los tratados comerciales ayudan, pero no plantan bosques. La estabilidad regulatoria importa, pero no sustituye una estrategia. Si queremos recuperar dinamismo, empleo regional y capacidad exportadora, habrá que volver a hacer apuestas.
No ciegas, sino inteligentes. El sector forestal merece más que pocas fichas. Tiene historia, capacidades, ventajas territoriales y la rara virtud de poder unir crecimiento, recuperación de suelos, captura de carbono, descentralización productiva y desarrollo regional.
Reponer un instrumento de fomento forestal, depurado de sus errores y actualizado a los desafíos climáticos, sociales y productivos de hoy, más que nostalgia, sería madurez. La que nace de reconocer que el Chile, que alguna vez creció con fuerza, no lo hizo solo administrando la inercia, sino atreviéndose a construir sectores.