La reiteración de amenazas de atentados a nivel de colegios de Magallanes instaló un escenario de alerta que obligó a las autoridades a desplegar una respuesta coordinada para evitar la interrupción del servicio educativo y contener el impacto en las comunidades escolares. Los hechos, registrados en distintos recintos durante los últimos días, han tensionado el funcionamiento normal de los planteles educacionales, afectando a estudiantes, docentes y familias. En los últimos casos se ha establecido la continuidad de clases, a diferencia de lo que ocurrió en los primeros casos, la semana pasada.
En esa línea, el seremi de Gobierno, Angel Roa, informó que “desde el primer día en que tuvimos conocimiento de estas amenazas hemos estado trabajando en acciones y adoptando medidas para que los estudiantes no pierdan clases y no se retrasen con lo que tienen que aprender”. Desde el ámbito educativo, el énfasis ha estado puesto no sólo en la continuidad de las actividades, sino también en abordar el deterioro de la convivencia escolar que subyace a este tipo de hechos. El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, planteó que “es importante que cada uno de los estudiantes sepa que situaciones de esta naturaleza afectan a cientos de sus compañeros, a las familias, y se está afectando al bien común, por eso estamos trabajando con los directores implementando un programa de acción para que sea abordado en los establecimientos, y ello involucra a todos”.
La autoridad educacional también reforzó que los procedimientos de seguridad responden a protocolos definidos. “La seguridad la entrega Carabineros y la Policía de Investigaciones. Si hay un procedimiento, se tiene que cumplir y si correspondiera aplicar la recuperación de las clases, naturalmente se tiene que hacer”.
En paralelo, el despliegue policial ha sido intensificado en los entornos de los establecimientos educacionales. El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, complementó que se han reforzado los patrullajes en horarios de mayor flujo de estudiantes y se ha agilizado la respuesta ante emergencias, señalando que “se han puesto a disposición las capacidades que tienen las policías para optimizar los procedimientos de seguridad internos que tienen los establecimientos educacionales”. Por último, Jorge Valdés, director ejecutivo (s) del Slep, planteó que se han entregado orientaciones específicas a los establecimientos y que se presentó una querella criminal que agrupa los casos conocidos, afirmando que “estamos trabajando fuertemente para atender esta situación puntual, y seguiremos trabajando con la comunidad educativa, padres, apoderados y alumnos, para entregar íntegramente el servicio educativo en la región”.