Asimismo, profundizó que "la advertencia de la Fiscalía es clara: la falta de regulación penal transformó la explotación sexual que afecta, sobre todo a mujeres y niños, en el negocio más rentable del crimen organizado en Chile. Este delito está directamente relacionado con el sicariato y los secuestros, ya que las bandas utilizan la violencia armada y las amenazas para someter a las víctimas y financiar sus operaciones. El Congreso debe legislar con urgencia para atacar la estructura financiera de estas mafias internacionales, cerrar este mercado ilegal y desarticular sus redes desde la raíz".

Desde Renovación Nacional, el diputado Mauro González planteó que "la explotación sexual es un mercado que debe ser regulado. No es posible que una actividad que muchas veces está vinculada a organizaciones criminales, trata de personas y narcotráfico tenga plena libertad para desarrollarse en Chile, con todo el daño y vulneración que eso significa. Aquí hay un desafío legislativo importante: perseguir con fuerza a las mafias, proteger a las víctimas y fortalecer el control del Estado frente a redes criminales que lucran con la explotación humana".

La diputada Sara Concha (PSC) indicó que ". o señalado por el fiscal Barros es gravísimo. Esto demuestra cómo bandas criminales utilizan la explotación sexual como método de financiamiento abusando brutalmente de mujeres y menores de edad.

Por eso es importante trabajar con firmeza, no solamente para desbaratar a estas bandas y redes criminales, sino para proteger y rescatar a las víctimas. Debemos expulsar a estas redes de explotación, como el tren de Aragua". En tanto, desde el Partido de la Gente, la diputada y presidenta de la Comisión de Mujeres, Eileen Urqueta, afirmó que "estamos frente a una realidad profundamente preocupante, pero que no puede seguir siendo abordada de manera fragmentada ni reactiva.

La expansión del comercio sexual y de las redes de explotación de mujeres y niñas constituye una amenaza directa a la dignidad humana y a la seguridad de nuestro país". En esa línea, anunció que solicitará convocar al fiscal Barros a la comisión, indicando que "como presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, solicitaré formalmente el acuerdo de sus integrantes para convocar al fiscal regional, a fin de que exponga en detalle los antecedentes y el alcance de esta problemática y las herramientas institucionales que se requieren para enfrentarla con decisión y sentido de urgencia. No podemos normalizar que mujeres, muchas veces en situación de vulnerabilidad, sean captadas y utilizadas por organizaciones que lucran con su integridad y su libertad".

Desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (PS) coincidió con el diagnóstico del fiscal, pero puso el foco en el seguimiento de los flujos económicos. En conversación con Raadio Universo, el parlamentario indicó que "el fiscal tiene razón, pero el fondo es cuál es. ¿Cuáles son los mercados secundarios de los cuales se vale el crimen organizado?

No solo para generar recursos, sino para lavar los mismos, para desarrollar el lavado de activos e ingresarlos de manera legal o formal al mercado financiero. Esos mercados son los que requieren un trabajo más acucioso y seguir la huella del dinero". En esa línea, agregó que "no se delinque solo por maldad, sino que el objetivo fundamental de estas multiempresas del delito es el dinero, el lucro.

¿Dónde van esos recursos? Que no son pocos. Uno de los puntos que plantea el fiscal es, claro, el comercio sexual, que está tipificado en la trata de personas, en la explotación y la extorsión, que son materias muy complejas en la persecución criminal y que hay que prevenir de mejor manera".

Por su parte, la diputada Andrea Parra (PPD) sostuvo que "las revelaciones del fiscal son graves y nos llevan a repensar la forma en cómo enfrentar una problemática que por años se ha extendido, que es regular el comercio sexual, y ahora con la agravante de que se utilizaría como forma de financiamiento de bandas criminales". Asimismo, añadió que "si bien el foco debe estar puesto en impedir el ingreso de estas bandas, ya en el país las policías necesitan las herramientas necesarias para detectarlas y combatirlas, y las normativas municipales quedan cortas. Concuerdo en que se necesita una legislación más fuerte para enfrentar estas nuevas formas delictivas que no existen dentro de nuestro Código Penal.

Para ahondar en mayores detalles y cifras, creo importante invitar al fiscal Barros a la Comisión de Mujeres para que exponga en profundidad esta problemática y trabajar en conjunto propuestas legislativas, en las que esperamos se sume el Ejecutivo".