Según explicó, este tipo de instancias contribuye directamente a mejorar la calidad del trabajo con jóvenes en conflicto con la ley, favoreciendo la interrupción de trayectorias delictivas y promoviendo procesos de reinserción social más efectivos y sostenibles. Con este tipo de iniciativas, el Estado busca avanzar en la consolidación de un sistema de justicia juvenil más moderno, especializado y centrado en la rehabilitación, reforzando el rol de los equipos profesionales como actores clave en la construcción de segundas oportunidades para los jóvenes del país.