La instalación del gobierno de José Antonio Kast en las regiones de Chile ha enfrentado un inicio turbulento, evidenciando que el control territorial es mucho más que una simple repartición de cuotas políticas. A medida que las nuevas autoridades intentan tomar las riendas de sus carteras, una serie de salidas prematuras ha encendido las alarmas sobre la cohesión de los equipos locales. La mirada regionalista, que prometía autonomía y eficiencia, se ha visto empañada por nombramientos que no alcanzaron a cumplir una semana en sus escritorios, dejando vacantes críticas en zonas que demandan gestión inmediata.

En el extremo norte, la Región de Arica y Parinacota sufrió un traspié administrativo con la salida de Nataly Cruz Plaza de la Seremi del Trabajo, tras solo ocho días en el cargo al no cumplir con los años de experiencia legal. Una situación de fragilidad similar se vivió en Atacama con la renuncia de Jaime Severino en Bienes Nacionales por deudas de pensión alimenticia, y en Los Ríos, donde el nombramiento de Jorge Salazar en Obras Públicas se frustró antes de oficializarse por cuestionamientos a su gestión previa. Estos casos no solo detienen la agenda local, sino que generan una sensación de intermitencia en carteras clave para el desarrollo regional.

La zona central no ha estado exenta de estas dificultades, particularmente en Valparaíso, donde se concentraron dos de las bajas más rápidas del gabinete. Aldo Ibani dejó la Seremi de Salud apenas tres días después de ser anunciado debido a la presión social, mientras que el coronel (r) Hernán Silva vio cómo su designación en Seguridad Pública era retirada de las plataformas oficiales tras reflotar sumarios administrativos del año 2012. Esta rotación relámpago en una región con alta complejidad social y de seguridad impone un desafío adicional para la Delegación Presidencial, que debe buscar reemplazos que den garantías de estabilidad.

El origen de estos traspiés apunta directamente a la porosidad de los filtros de selección. En la era de la transparencia digital, el 'chequeo de mochilas' —la revisión exhaustiva de antecedentes penales, administrativos, deudas alimenticias y huella en redes sociales— parece haber fallado. La urgencia por conformar equipos territoriales habría saltado pasos críticos de validación técnica y ética, permitiendo que figuras con inhabilidades legales o flancos comunicacionales abiertos llegaran a ser oficializadas, exponiendo al Gobierno a un desgaste innecesario en su fase de instalación.

Es importante considerar la magnitud de la tarea: el Ejecutivo debe designar a más de 380 seremis en todo el país, un volumen de nombramientos donde estadísticamente pueden ocurrir errores de esta naturaleza. Sin embargo, el costo político es alto. Dado que los gabinetes regionales recién terminaron de constituirse completamente en abril, cualquier caída a estas alturas retrasa significativamente los planes y la ejecución del programa de gobierno, postergando licitaciones, planes de salud y políticas laborales que las comunidades regionales esperan con urgencia.

Finalmente, cabe recordar que este fenómeno de 'seremis fallidos' no es una anomalía exclusiva de la administración Kast. Situaciones idénticas de renuncias exprés y falta de prolijidad en los filtros han ocurrido en los ministerios de los gobiernos de Boric, Piñera y Bachelet. La historia reciente demuestra que la instalación del poder regional es, históricamente, el flanco más expuesto de cualquier administración, donde la presión por el tiempo y las negociaciones partidarias suelen colisionar con el rigor administrativo que exige la función pública.