La presencia de residuos de antibióticos en aguas residuales tratadas se perfila como un problema emergente para la salud pública y el medio ambiente. Aunque estos compuestos —también conocidos como antimicrobianos— son fundamentales en la medicina moderna, su eliminación incompleta en plantas de tratamiento permite que regresen a ríos y mares, donde interactúan con bacterias y favorecen el desarrollo de resistencia. Este fenómeno ocurre porque una fracción de los antimicrobianos consumidos por humanos y animales no se metaboliza completamente, siendo excretada a través de la orina o las heces.

Estos residuos llegan a sistemas de tratamiento que, si bien eliminan materia orgánica y patógenos, no están diseñados específicamente para remover este tipo de compuestos. Como resultado, permanecen en el agua tratada que luego se descarga en ecosistemas naturales o se reutiliza, por ejemplo, en riego agrícola. En Chile, esta situación es especialmente relevante en zonas donde las aguas tratadas son reintroducidas en cuencas como la del río Mapocho.

Allí, los residuos antimicrobianos pueden entrar en contacto constante con bacterias presentes en el ambiente, generando condiciones propicias para que estas evolucionen y desarrollen mecanismos de resistencia. El impacto de este proceso ya comienza a evidenciarse en la práctica clínica. “Infecciones comunes, como una amigdalitis o infecciones urinarias pueden volverse más difíciles de tratar cuando las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos.

Incluso algunas infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, han mostrado niveles crecientes de resistencia a tratamientos disponibles. Esto representa un riesgo para la salud pública y también tiene un impacto económico significativo, ya que implica tratamientos más prolongados, mayor uso de recursos hospitalarios y una mayor probabilidad de propagación de infecciones resistentes”, explica Ricardo Salazar-González, académico e investigador de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica. El académico advierte que este problema no se limita al consumo humano.

“Estos compuestos pueden provenir del consumo humano, del uso veterinario, la acuicultura y también de la agricultura. Una vez en el ambiente, pueden entrar en contacto con bacterias y favorecer la aparición de resistencia antimicrobiana”, explica Salazar-González. Frente a este escenario, un grupo de especialistas liderado por el investigador desarrolló una propuesta de política pública para abordar la presencia de residuos antimicrobianos en el medio ambiente.

La iniciativa, impulsada por el Centro de Políticas Públicas UC, reconoce los avances del país —como el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos—, pero advierte una brecha clave en el monitoreo ambiental. “Actualmente, la vigilancia se centra principalmente en el ámbito clínico y en el uso de antimicrobianos, pero no se está monitoreando de manera sistemática su presencia en el medio ambiente. Esa es la brecha que buscamos abordar”, explica Salazar-González.

La propuesta plantea implementar un sistema de monitoreo en aguas residuales urbanas, que permita estimar el consumo poblacional de antimicrobianos y evaluar su presencia en el entorno. “Este enfoque permitiría generar información clave para la toma de decisiones, identificar zonas prioritarias y apoyar el desarrollo de futuras políticas públicas basadas en evidencia”, agrega. De concretarse, esta estrategia podría sentar las bases para un sistema de vigilancia ambiental a nivel nacional, clave para enfrentar una amenaza que, aunque invisible, ya está impactando la efectividad de tratamientos médicos esenciales.