Tras los últimos hechos de violencia y amenazas en colegios del país, el presidente José Antonio Kast presentó dos proyectos al Congreso que buscan reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. La primera iniciativa plantea modificar el Código Penal para incorporar nuevas agravantes en delitos cometidos contra la comunidad educativa y en espacios escolares. En concreto, se propone añadir los numerales 25 y 26 al artículo 12, con el objetivo de sancionar con mayor rigor los ilícitos dirigidos contra estudiantes, docentes o asistentes de la educación, tanto al interior de los recintos como en actividades extracurriculares, además de delitos contra la propiedad en establecimientos educacionales.
El segundo proyecto, denominado “Escuelas Protegidas”, busca resguardar la integridad física y psíquica de las comunidades educativas mediante medidas incorporadas a la Ley General de Educación. Entre ellas, contempla la revisión de mochilas, la facultad de los docentes para aplicar medidas pedagógicas, correctivas y disciplinarias, sanciones ante interrupciones de clases y la obligación de reglamentos internos que prohíban elementos que impidan la identificación facial, como gorros, capuchas o pasamontañas. Asimismo, la iniciativa establece como requisito para acceder a la gratuidad en la educación superior no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, ni contra la propiedad o la infraestructura pública.
Desde el mundo docente surgieron críticas. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, señaló que “en una primera lectura, el proyecto se queda corto frente a la gravedad del problema”. A su juicio, las medidas apuntan a las consecuencias, pero no abordan las causas de la violencia escolar.
“El principal foco que se debe enfrentar es la salud mental. Es un problema que venimos advirtiendo hace años y que se refleja en situaciones graves dentro de los colegios”, afirmó. El dirigente también cuestionó la vinculación con la gratuidad.
“Sancionar de por vida a un joven por hechos cometidos en su adolescencia podría ser incluso inconstitucional”, advirtió. Por su parte, el experto en convivencia escolar Claudio Marín valoró que se avance en herramientas concretas para enfrentar la crisis, pero advirtió que el enfoque es insuficiente. “Medidas como la revisión de mochilas pueden ser necesarias, pero un enfoque exclusivamente punitivo no resuelve el origen del problema”, sostuvo.
En esa línea, enfatizó que la solución pasa por un abordaje integral. “Se requiere un trabajo sistémico que incluya a las familias y priorice la salud mental y la convivencia escolar. Sin prevención ni apoyo socioemocional, las medidas reactivas no serán suficientes”, concluyó.