Tras una sesión de 21 horas y más de 1. 620 indicaciones revisadas en la Comisión de Hacienda, el proyecto de Ley Miscelánea del Gobierno superó su primer escollo legislativo. Sin embargo, dejó en el camino cinco piezas del diseño original del Ejecutivo: para el oficialismo eran materias accesorias; para la oposición, elementos relevantes.

Se trata del artículo 4, que flexibilizaba la contratación de parientes en el MOP y que fue rechazado por riesgos de probidad; el artículo 8, sobre el uso de obras y textos por parte de la inteligencia artificial, descartado tras un empate a 6 votos, pese a la propuesta de un fondo compensatorio; y de los artículos 27, 28 y 42, que eliminaban la franquicia Sence para capacitación y que cayeron por el desmarque de diputados de RN. Con ello, se mantiene el incentivo del 1% para formación laboral. Aunque el Ejecutivo inició la discusión en la comisión con una mayoría técnica de 8 votos contra 5, la oposición calificó el cierre de la maratónica jornada como un triunfo estratégico.

Según explican varios legisladores, esa lectura se basa en la incapacidad del Gobierno para alinear a su bloque, los desmarques clave de diputados de RN, el rechazo de cinco artículos y la modificación de otros tres, pese a tratarse de un proyecto de 51 artículos. La oposición sostiene que su estrategia permitió frenar “reveses estructurales” que Hacienda consideraba esenciales, como la eliminación de la franquicia Sence. Para sus detractores, salvar este incentivo a la capacitación y rechazar la flexibilización de contratos en el MOP o el uso de obras por parte de la IA representan victorias políticas frente a una reforma que califican como “netamente recaudatoria”.

El mayor flanco de crítica, sin embargo, estuvo en la forma del despacho. La sesión de 21 horas para procesar más de 1. 600 indicaciones fue calificada como una “locura”, instalando la percepción de que el proyecto salió de la comisión sin una discusión seria.

La oposición acusa que el Gobierno evitó el debate de fondo mediante “indicaciones sustitutivas” que descartaban automáticamente las propuestas parlamentarias, aprovechando además que la presidencia no fijó plazos reglamentarios previos. “Permisología” y bonos de retiro Fuentes de la jornada sostienen que el itinerario legislativo inmediato trasladará la batalla a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, donde se abordarán nudos críticos de gestión y beneficios sectoriales. En Medio Ambiente, explican, el debate estará marcado por la agenda de “permisología”.

El Partido Nacional Libertario (PNL) ya anunció 14 indicaciones destinadas a profundizar la desregulación, entre ellas, la propuesta de reducir a solo 30 días los plazos de invalidación administrativa. Fuentes de la Cámara agregan que el próximo lunes el proyecto llegará a la Comisión de Trabajo para discutir, entre otros puntos, los artículos 28 y 29. Estas normas proponen aumentar sustancialmente los cupos de bonificación por retiro para el sector público, pasando de los 2.

200 actuales a 6. 000 beneficiarios anuales durante el bienio 2026-2027. Advierten que, en esta etapa, los parlamentarios aún pueden presentar nuevas enmiendas hasta el momento mismo de la votación, aunque cada indicación requiere 30 firmas.

La Sala: el “huracán” de las 131 votaciones En el Legislativo advierten que la estrategia del Ejecutivo apunta a que la megarreforma llegue a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados entre martes y miércoles de la próxima semana. Sin embargo, la oposición ya preparó una ofensiva reglamentaria para desgastar al bloque oficialista: solicitó votación separada de 131 artículos y numerales. La maniobra busca obligar a cada diputado a registrar su postura individual en temas de alta sensibilidad electoral, como la rebaja del IVA y el impuesto específico a los combustibles, impidiendo que el Gobierno logre una aprobación “en bloque” que diluya responsabilidades políticas.

Hacienda proyecta el segundo trámite constitucional Senadores de la UDI y RN han señalado que el Senado será el espacio para “afinar” la discusión, con la intención de reponer la franquicia Sence bajo un esquema de mayor control y fiscalización. Legisladores de RN consideraron que su eliminación respondía a una lógica puramente recaudatoria, a costa de la capacitación laboral. Argumentaron que quitar ese incentivo, en un contexto de estancamiento económico, perjudicaría la productividad y la inversión en capital humano, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

El artículo 4 buscaba flexibilizar las normas de la Ley de Compras Públicas de 2023, para permitir que parientes de funcionarios del MOP –hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad– pudieran licitar obras, siempre que el funcionario no participara directamente en el proceso de contratación. En ese punto, RN se alineó con la oposición de izquierda para bloquear la medida por 6 votos contra 5. Aunque el Ejecutivo argumentó que la norma vigente era “disfuncional” y provocaba que muchas licitaciones quedaran desiertas, especialmente en regiones donde “todos son parientes”, Renovación Nacional priorizó el resguardo de la probidad administrativa.

Diputados como Flor Weisse (UDI) y de otros sectores manifestaron temor de que flexibilizar estas restricciones abriera la puerta a hechos de corrupción. El éxito del despacho final antes del 1 de junio dependerá de la capacidad del Ejecutivo para sostener los acuerdos alcanzados, como la reintegración total del sistema tributario para 2031 y el nuevo crédito tributario al empleo con enfoque de género y juventud, que ya cuenta con respaldo de sectores independientes y de la Democracia Cristiana. En la izquierda señalan que, ante “esta falta de profundidad”, la oposición prepara un “huracán” en la Sala, con la votación separada de 131 artículos para forzar a cada legislador a transparentar su postura en materias sensibles como IVA y combustibles.

Según argumentan en el Congreso, el Ejecutivo debió ceder en varios puntos para asegurar los votos de sectores independientes y de centro. En el crédito tributario al empleo, se abandonó la tasa uniforme original de 15% y se aprobó una fórmula diferenciada: una tasa base de 14%, que sube a 15% para mujeres y baja a 13% para hombres, con un incentivo adicional de 1,5 puntos para menores de 25 años. Así, el beneficio puede llegar a un máximo de 16,5% para mujeres jóvenes.

En invariabilidad tributaria, se realizaron cambios técnicos de fondo, como la exclusión del IVA del régimen de 25 años para evitar problemas sistémicos en la recaudación. Además, se acordó que la tasa impositiva aplicable será la vigente al momento de firmar el contrato y no la establecida en la ley, permitiendo al Estado capturar futuras alzas en nuevos acuerdos de inversión. Como “ancla social” para atraer a sectores de centro, el Gobierno incluyó una propuesta de condonación parcial del CAE dirigida exclusivamente a deudores al día.

También se selló un acuerdo con el Partido de la Gente (PDG) para introducir un paquete de medidas sobre paneles solares en las próximas etapas de la tramitación legislativa.