Con el objetivo de pasar del diagnóstico a la acción, el delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, lideró en la ciudad de Ovalle la segunda sesión de la Mesa Regional contra el Robo de Cables. La instancia, que reúne a las policías, el Ministerio Público y la empresa distribuidora, busca frenar un delito que hoy tiene a la provincia de Limarí como el principal punto crítico de la región. “Estamos viendo una problemática que ha aumentado en los últimos seis meses y que ha afectado a miles de personas en sectores rurales de Ovalle, principalmente en el borde costero, Barraza y Socos.

Vamos a tomar definiciones junto a Carabineros, la PDI, la Fiscalía y el municipio, porque entre todos debemos ser parte de la solución”, señaló la autoridad. Durante la jornada, se analizó el cambio en el “mapa del delito”. Si bien históricamente La Higuera concentraba estos hechos, cifras recientes de CGE y Carabineros evidencian que el foco se ha desplazado hacia sectores interiores de Ovalle, afectando la continuidad del suministro eléctrico y servicios básicos como los sistemas de Agua Potable Rural (APR).

En ese contexto, el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, advirtió sobre el impacto en la comunidad. “Hay vecinos afectados y pérdidas productivas en predios agrícolas. Se han derribado postes para robar transformadores, lo que genera un daño directo a la economía local”, sostuvo.

Desde la empresa CGE indicaron que, de los 70 delitos registrados el año pasado, este 2026 ya suma 30 casos al mes de marzo. “Estamos enfrentando robos prácticamente a diario. Este delito no solo implica la sustracción de cables, sino que destruye infraestructura crítica y paraliza la actividad productiva”, señaló Gabriel Barraza, director regional norte de la compañía.

En esa línea, el delegado presidencial fue enfático en señalar que no se tolerará la acción de bandas organizadas. Asimismo, destacó el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos, como la instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos por parte de CGE. La seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, subrayó la importancia de hacer seguimiento a los acuerdos alcanzados, mientras que el seremi de Energía, Fabián Páez, indicó que durante 2025 se registraron más de 140 kilómetros de cables robados, evidenciando la magnitud del problema.

En la sesión también participaron representantes de Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes informaron sobre avances en las investigaciones para desarticular no solo a quienes ejecutan los robos, sino también a las redes de comercialización ilegal de cobre. El jefe de la Región Policial de la PDI, prefecto inspector Javier González, señaló que existen sujetos identificados con evidencia en su contra, mientras que el fiscal de Ovalle, Rodrigo Gómez, indicó que esperan resultados concretos en el corto plazo. Con esta segunda sesión, el Gobierno reafirma su compromiso con el Plan Seguridad Total, priorizando el resguardo de la infraestructura crítica que sostiene el desarrollo productivo y la vida cotidiana en la Región de Coquimbo.