En la misma línea, la diputada Chiara Barchiesi sostuvo que "l respeto al orden público no puede seguir siendo opcional. Quienes participan en actos vandálicos no solo destruyen infraestructura, sino que también vulneran los derechos de miles de personas que quieren vivir y desplazarse con tranquilidad". Finalmente, la diputada Valentina Becerra subrayó que "no se trata sólo de infraestructura, sino de trabajadores que no pueden llegar a sus empleos, emprendedores que ven destruidos sus negocios y familias que viven con temor.
El Estado no puede seguir asumiendo esos costos mientras quienes cometen estos actos no enfrentan consecuencias reales”, sostuvo. Además, recalcó que “es clave establecer mecanismos que permitan identificar a los responsables y asegurar que respondan por los daños que generan. La señal debe ser firme: en Chile, la violencia y el vandalismo no pueden tener cabida".