La publicación del Decreto N°333 del Ministerio de Hacienda ha encendido las alarmas en la región de O’Higgins, y con justa razón. Bajo la premisa de una supuesta responsabilidad fiscal, se ha anunciado un recorte masivo de más de 400 mil millones de pesos al presupuesto de salud para el año 2026. Esta medida no es solo un ajuste contable en una planilla; representa un golpe directo a la operatividad de los hospitales y centros de atención primaria que sostienen la vida de miles de ciudadanos en nuestra región.
El impacto local es devastador. El Hospital Regional de Rancagua, que ya arrastra un déficit estructural por años de subfinanciamiento, enfrentará una reducción de aproximadamente 1. 900 millones de pesos en el ítem de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD).
Pero la crisis no se queda en la capital regional: los hospitales de San Fernando y Santa Cruz verán mermados sus recursos en cerca de 479 y 477 millones de pesos respectivamente. ¿Cómo se pretende mantener la atención en un escenario de listas de espera históricas y alerta oncológica vigente con menos recursos que el año anterior? Lo más preocupante es lo que el senador Juan Luis Castro ha calificado como la «agonía de la atención primaria».
Al recorte del 0,5% en este nivel, se suma el hecho de que el per cápita basal ha permanecido sin reajuste real durante dos años consecutivos. Esto afecta directamente a los CESFAM y postas rurales, que son la primera línea de salud para las comunas más alejadas y vulnerables de O’Higgins. Quitarle recursos a la base del sistema es, en palabras simples, una «estocada» a la salud pública.
Es lamentable que, ante una crisis de esta magnitud, las autoridades de Hacienda «no den la cara», como se denunció tras su ausencia en la Comisión de Salud del Senado. La salud pública es un bien esencial que no puede ser sacrificado en el altar de la eficiencia financiera o visiones ideológicas de reducción del Estado. Como bien ha señalado el Colegio Médico regional, los equipos clínicos están dispuestos a mejorar la gestión, pero no a costa de debilitar aún más la atención de los pacientes, la disponibilidad de insumos o el acceso a medicamentos.
La región de O’Higgins no puede permitir que este recorte se materialice silenciosamente mientras nuestras listas de espera siguen creciendo. La salud de nuestra gente no es un ítem ajustable.