El relato del ministro de Vivienda, Iván Poduje, sobre la necesidad de demoler decenas de viviendas para damnificados por incendios en Viña del Mar se ha comenzado a resquebrajar. Informes técnicos que sustentaban la medida habrían sido «forzados» y firmados bajo presión, con fechas retroactivas que no se condicen con la realidad. La controversia comenzó el 18 de marzo, siete días después de que Poduje asumiera el cargo dentro del gabinete de José Kast.

En esa fecha, el secretario de Estado subió dos videos a Instagram mientras recorría las obras de reconstrucción en El Olivar. En el primero, increpó a la constructora San Sebastián Limitada por la falta de trabajadores. En el segundo, anunció una intervención desde La Moneda ante vecinos, por los atrasos.

Dos semanas después, Poduje ordenó paralizar las obras de 356 casas afectadas por el incendio de febrero de 2024. Luego anunció su demolición por supuestos problemas estructurales. Sin embargo, la decisión no contó con el respaldo de los equipos técnicos del Serviu Valparaíso, con quienes el ministro mantenía una relación tirante.

Fiscalizadores del Serviu amenazados con sanciones. Según reveló el medio de investigación Reportea, la resolución 3384 del 9 de abril —que finiquitó doce contratos— se basó en informes que para esa fecha no existían. La normativa establece que solo los Fiscalizadores Técnicos de Obras (FTO) del Serviu pueden detectar fallas, pero fueron funcionarios de la División Técnica del Ministerio (Ditec) quienes detectaron irregularidades el 19 de marzo, sin que ello tuviera validez contractual.

Cinco fuentes independientes señalaron que los fiscalizadores del Serviu accedieron a firmar tras ser amenazados con sanciones. Además, una jefatura del Serviu reveló que los documentos del 13 de abril no mencionaban «graves fallas constructivas», pese a ser el argumento central esgrimido en la resolución para justificar la medida. Correos electrónicos, a los que tuvo acceso el medio citado, muestran que los fiscalizadores advirtieron por escrito que fueron «forzados» a firmar, sin oportunidad de oponerse.

“No tuvimos oportunidad de oponernos”, señala el texto de los mensajes, que cada funcionario envió de manera individual pero con idéntico contenido. Esta evidencia podría ser clave si el conflicto se judicializa, ya que el estatuto administrativo permite eximirse de responsabilidad si se deja constancia de una instrucción ilegal. La cronología agrava el caso.

El 24 de marzo, Poduje firmó un oficio paralizando obras basado en el informe de Ditec, y advirtió a funcionarios del Serviu que el incumplimiento constituía una falta grave. Para entonces, el equipo técnico regional ya había sido descabezado. El 9 de abril se emitió la resolución 3384, firmada por el director subrogante del Serviu, Rodrigo Muñoz, que sostenía que los FTO habían emitido informes sobre fallas graves.

Pero según los correos, recién el 10 de abril los fiscalizadores recibieron instrucciones para elaborar esos informes basándose en Ditec, lo que consideraron una «falta administrativa». Las jefaturas del Serviu exigieron que la fecha de los informes fuera retroactiva al 9 de abril. Los fiscalizadores pidieron modificar la resolución, pero no hubo acuerdo.

El 13 de abril, en una reunión con Muñoz, se les informó que la División Jurídica del Ministerio envió un borrador con sanciones para quienes desobedecieran. La jefa jurídica Inés Pizarro redactó los informes; cada FTO firmó el suyo, todos con fecha 9 de abril pese a haberse elaborado cuatro días después, consignó Reportea. Frente a estos graves antecedentes, el Ministerio de Vivienda defendió su posición mediante una respuesta por escrito, argumentando que los informes existían pero no estaban firmados.

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La entidad Social Arquitectura presentó un recurso adicional señalando que un informe del Idiem indica que los errores pueden subsanarse con refuerzos, sin demoler. Sin embargo, el ministro Poduje mantuvo su relato: «No voy a entregar casas reforzadas porque la empresa no hizo la pega», declaró a Meganoticias. Mientras el titular de vivienda defiende la demolición, las evidencias de informes forzados, fechas falseadas y funcionarios presionados amenazan con convertir el caso en un símbolo sobre los límites del poder administrativo y la autonomía técnica de los funcionarios públicos.

La justicia tendrá la última palabra. La justicia tendrá la última palabra.