La audiencia de reformalización prevista para este martes en la investigación por fraude al Fisco reiterado que involucra al senador Miguel Ángel Calisto, además de Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, entre otros, fue reagendada luego de que dos de los imputados manifestaran pérdida de confianza en su defensa privada. Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, Cárcamo y Graf —quienes comparecieron de forma telemática desde Osorno— revocaron el patrocinio de su abogado particular. Ante esta situación, el tribunal resolvió que ambos sean representados por la Defensoría Penal Pública.
El tribunal fijó una nueva audiencia de reformalización para el próximo 10 de mayo a las 09:20 horas, instancia en la que la Fiscalía buscará precisar el monto total del perjuicio fiscal. Según adelantó el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, dicho monto aumentó especto de la estimación inicial. En la jornada, el tribunal también revisó una solicitud de modificación de medidas cautelares reales presentada por la defensa de Felipe Klein Vidal, vinculadas a su patrimonio.
La petición fue rechazada. Antecedentes de la causa De acuerdo con la formalización realizada en enero, entre 2018 y 2022 el entonces diputado Calisto se habría concertado con Cárcamo —en prisión preventiva— y Graf —en arresto domiciliario nocturno— para obtener recursos del Fisco mediante un mecanismo fraudulento que afectó al Congreso Nacional. Según la Fiscalía, el esquema consistió en la contratación de Graf como asesora parlamentaria, pese a que —conforme a lo expuesto en audiencia— no habría prestado servicios.
Por esta vía, la imputada recibió más de $103 millones en remuneraciones, fondos que habrían sido destinados a beneficio personal de los involucrados y de terceros. Entre estos últimos figura Klein, quien en ese período participaba como candidato a cargos regionales en Aysén. Cabe destacar que en marzo el Ministerio Público decidió agrupar esta causa con otras dos investigaciones por fraude al Fisco, debido a similitudes en los mecanismos utilizados.
En estos casos, los imputados habrían obtenido recursos provenientes de fondos concursables del 8% del FNDR del Gobierno Regional de Aysén, por montos que superan los $32 millones.