A solo 69 días de iniciado el gobierno del Presidente José Antonio Kast, el Ejecutivo enfrentó este martes su primer cambio de gabinete con la salida de dos ministras: Mara Sedini y Trinidad Steinert. Ambas llegaron al gabinete como apuestas del denominado "gobierno de emergencia", pero terminaron dejando La Moneda en medio de polémicas, errores comunicacionales, tensiones institucionales y un creciente desgaste político. En el caso de Sedini, su paso por la Secretaría General de Gobierno estuvo marcado por sucesivos flancos comunicacionales.

Desde sus declaraciones sobre los contactos entre Kast y Steinert antes del cambio de mando, hasta la controversia por el concepto de "Estado quebrado", la entonces vocera acumuló episodios que obligaron reiteradamente al Ejecutivo a salir a corregir explicaciones o contener daños políticos. La situación se agravó con errores en vocerías, cuestionamientos desde el Congreso, tensos enfrentamientos con la prensa y controversias que terminaron escalando incluso a la Contraloría General de la República. Steinert, en tanto, llegó al Ministerio de Seguridad con el respaldo de su trayectoria en el Ministerio Público y con la expectativa de liderar la ofensiva contra el crimen organizado.

Sin embargo, las críticas por la falta de un plan claro de seguridad, sus controversias jurídicas, las tensiones con la Fiscalía y el manejo político de la cartera fueron debilitando rápidamente su permanencia en el cargo. La exfiscal terminó enfrentando un complejo escenario: una inminente interpelación parlamentaria, cuestionamientos por decisiones vinculadas a la PDI, fricciones con el Ministerio Público y dudas respecto de su conducción política. Sedini: de los errores comunicacionales al desgaste político La primera controversia de Sedini ocurrió incluso antes de que asumiera formalmente el gobierno.

El 25 de enero, en entrevista con La Tercera, abordó públicamente la nominación de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad y afirmó que las conversaciones entre Kast y la exfiscal "llevaban un buen tiempo". La frase abrió cuestionamientos respecto de eventuales contactos entre el entonces candidato presidencial y una funcionaria activa del Ministerio Público. Desde el oficialismo saliente surgieron críticas inmediatas y la entonces exministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió que las declaraciones "abrieron un flanco" respecto de la independencia de la Fiscalía.

El episodio obligó al entonces futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, a corregir públicamente a la vocera designada. Posteriormente, la propia Sedini rectificó sus dichos y sostuvo que los contactos se habían producido "pocos días antes" de la nominación. El "Estado quebrado" y el conflicto con Contraloría Uno de los episodios más complejos para la exvocera ocurrió a fines de marzo, cuando redes institucionales del gobierno difundieron publicaciones que afirmaban que Chile enfrentaba un "Estado quebrado".

La frase desató críticas desde distintos sectores políticos y obligó a la Secretaría de Comunicaciones a eliminar las publicaciones. La controversia escaló luego de que la Contraloría General de la República oficiara a la Segegob para solicitar explicaciones por el uso de plataformas oficiales para difundir ese tipo de mensajes. El propio Presidente Kast terminó desmarcándose de la expresión y reconoció posteriormente que había sido "un error".

En medio de esa crisis, Sedini protagonizó uno de los episodios más comentados de su gestión. Consultada por periodistas sobre la respuesta al oficio de Contraloría, abandonó abruptamente el punto de prensa en La Moneda mientras subía las escaleras del palacio presidencial. Asimismo, se suma el episodio de una falta de ortografía.

En la cuenta de Instagram de la vocería de Gobierno se publicó un video breve sobre la suspensión temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta de casas nuevas, que abarcaría un período de 12 meses. La publicación tenía un evidente error: "Suspencion de IVA a la venta de nuevos inmuebles por 12 meses". Y no fue el único error, ya que mientras Sedini hablaba, en uno de los subtítulos de la publicación se lee "El bajo crecimiento a limitado".

En esta frase, el texto debería decir "ha", producto de que se trata del verbo haber. Así, finalmente la publicación fue eliminada. El error por el caso Apablaza, tensión con el Parlamento y el almuerzo de Kast Otro episodio.

El 1 de abril, durante una vocería, se refirió al exfrentista Galvarino Apablaza y afirmó que "todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país". El problema fue que Apablaza no registra condena judicial, sino que mantiene la calidad de procesado bajo el antiguo sistema penal. El error generó incomodidad especialmente en la UDI, debido a la carga simbólica que mantiene el asesinato de Jaime Guzmán.

En tanto, las dificultades de la ministra también quedaron reflejadas en su relación con el Parlamento. A inicios de abril se ausentó de dos comisiones de la Cámara de Diputados -Gobierno Interior y Cultura- pese a haber sido citada. La situación generó molestia transversal entre parlamentarios, quienes criticaron que priorizara actividades en La Moneda por sobre instancias legislativas.

Desde el Ejecutivo se argumentaron "problemas de agenda". En abril, Sedini debió enfrentar otra controversia luego de que se conociera un almuerzo privado realizado por Kast en La Moneda junto a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica. El episodio derivó en cuestionamientos por un eventual uso de recursos públicos y motivó un oficio de Contraloría.

Durante un tenso punto de prensa, la entonces ministra defendió la actuación del Mandatario. "La respuesta a la polémica del almuerzo se responderá vía instituciones en la forma y el tiempo correspondiente. Ahora sí quiero dejar una cosa muy clara.

Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios", señaló. Sin embargo, días después el propio Kast reconoció que organizar el encuentro había sido "un error por desconocimiento". Steinert: la crisis de seguridad y una permanencia insostenible La abogada Trinidad Steinert arribó al Ministerio de Seguridad como una de las principales apuestas del nuevo gobierno.

Su experiencia en el Ministerio Público y su trabajo en causas ligadas al crimen organizado y al Tren de Aragua la posicionaban como una figura técnica para enfrentar la crisis de seguridad. Pero rápidamente comenzaron las dificultades. Apenas iniciado el gobierno debió enfrentar críticas por los recortes presupuestarios anunciados para distintos ministerios, incluyendo programas vinculados al combate contra el crimen organizado.

Aunque posteriormente reculó y aclaró que esos recortes no se aplicarían, el episodio abrió los primeros cuestionamientos respecto de la conducción de la cartera. En paralelo, Steinert enfrentó reparos por la desvinculación completa del equipo de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, considerada una repartición clave para el funcionamiento de la cartera. Las críticas surgieron no solo desde la oposición, sino también reservadamente desde sectores oficialistas.

Con el correr de las semanas, además, parlamentarios comenzaron a cuestionar sus exposiciones públicas y presentaciones en el Congreso. Desde distintos sectores repetían que la ministra no lograba explicar una agenda clara ni desplegar un plan concreto de seguridad. Uno de los episodios más complejos ocurrió en abril, luego del ataque sufrido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en Valdivia.

Tras presentar una querella, abogados del Ministerio de Seguridad buscaron imputar el delito de secuestro. La tesis fue rechazada por el tribunal y el magistrado acusó al Ejecutivo de hacer "ciencia ficción". Posteriormente, la cartera amplió la querella e invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado, pese a que esa atribución corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, según confirmó posteriormente la Corte de Valdivia.

Otra de las tensiones que marcaron la gestión de Steinert fue su relación con el Ministerio Público, institución donde trabajó por casi dos décadas. Las fricciones se hicieron evidentes particularmente luego de que la ministra intentara capitalizar políticamente los operativos realizados en Temucuicui, en La Araucanía. Tras la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán, Steinert destacó públicamente los procedimientos como parte de la “recuperación del territorio".

Sin embargo, en la Fiscalía aquello generó molestia. Pocas horas después, el fiscal nacional (s), Roberto Garrido, encabezó un punto de prensa junto a la PDI y Carabineros donde enfatizó que el trabajo realizado en la Macrozona Sur era fruto de una coordinación institucional y "no de una persona". El problema del "plan de seguridad" Uno de los flancos más persistentes de la exministra fue la falta de claridad respecto del plan de seguridad del Ejecutivo.

Tras semanas de cuestionamientos, Steinert finalmente presentó en la Cámara de Diputados un documento basado en siete ejes. Sin embargo, parlamentarios criticaron que la exposición -que se extendió por más de una hora- carecía de medidas concretas. La situación empeoró luego de que, en entrevista con Radio Agricultura, reconociera que no esperaba que se le exigiera un plan estructurado.

"Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, pero nada que no sea abordable. Como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto", afirmó. "Hay aspectos que han sido más complejos que me llaman la atención, pero nada que no sea abordable.

Como por ejemplo esta demanda que yo no me esperaba de la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto"Trinidad Steinert El escenario terminó por agravarse durante los últimos días de su gestión. A la espera de un pronunciamiento de Contraloría por el oficio enviado al director de la PDI, Eduardo Cerna, respecto de traslados de funcionarios en Tarapacá, Steinert enfrentaba además una inminente interpelación parlamentaria. "El Congreso Nacional ha tomado debida cuenta de las problemáticas en materia de seguridad, la inexistencia de un plan efectivo", sostuvo el diputado Raúl Leiva (PS) al anunciar la ofensiva en su contra.

La posibilidad de un pronunciamiento desfavorable de Contraloría y el avance de acciones parlamentarias terminaron agotando el respaldo político de una ministra cuya permanencia ya se consideraba insostenible.