Igualmente, se extenderá el plazo para la renovación de autorizaciones del personal de seguridad privada. Esto, porque la nueva legislación también estableció requisitos de capacitación y evaluación más exigentes. Empero, la capacidad institucional para entrenar y examinar a los trabajadores resulta insuficiente frente a la gran demanda de regularización.
En un principio, la norma del Ejecutivo proponía extender el plazo por seis meses, hasta noviembre de 2026. Sin embargo, tras las exposiciones de representantes del Gobierno, como de organizaciones de seguridad privada, junto a Carabineros, la comisión resolvió extenderlo por un año. Frente a tal escenario, desde el Gobierno valoraron la posibilidad de otorgar más tiempo para que el sistema alcance un nivel adecuado de funcionamiento.
Y reiteraron que el problema no radica en el diseño de la ley ni en sus objetivos, sino en las condiciones de implementación.