En tanto, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, sostuvo que el proyecto responde a una realidad cotidiana de muchas familias que enfrentan barreras por la falta de respuesta oportuna del Estado. En esa línea, planteó que la iniciativa busca establecer obligaciones claras y transformar la inclusión en una política pública efectiva, más allá de esfuerzos individuales. El senador Luciano Cruz-Coke, en tanto, destacó que las dificultades que enfrentan las personas con esta condición en ámbitos como salud, educación y trabajo no responden a falta de capacidades, sino a la ausencia de una respuesta estatal coordinada.
Por ello, relevó la importancia de contar con una ley marco que reconozca sus derechos y supere la actual fragmentación institucional. Contenido del proyecto La propuesta establece obligaciones concretas para el Estado en áreas clave como salud, educación, trabajo y vida independiente, fijando estándares exigibles que hoy no están plenamente garantizados. Entre ellas, considera el acceso oportuno a diagnóstico y atención integral durante todo el ciclo de vida, una educación inclusiva con apoyos efectivos y programas de formación e inserción laboral.
Además, crea un Plan Nacional de Inclusión que deberá ser elaborado de manera coordinada por los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo, con metas claras, mecanismos de seguimiento y evaluación, e incorporando la participación activa de las propias personas con síndrome de Down y sus familias. El proyecto también contempla la incorporación de apoyos y ajustes razonables en los servicios públicos, mecanismos permanentes de coordinación intersectorial, reportes periódicos de cumplimiento y medidas específicas como la extensión del fuero laboral para madres y padres. Se espera que la iniciativa inicie su tramitación en el Senado en los próximos días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo amplio que permita avanzar en una agenda concreta de inclusión y mejores condiciones para las familias.