Los ministros de Energía, de Justicia, de Comunicaciones y el presidente de la Asamblea Nacional forman parte de los sancionados de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. También entran en la lista los jefes del Ejército Oriental y Central, el jefe de la Contrainteligencia Militar así como de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, y personal de la Policía Nacional Revolucionaria. La medida se produce en medio de un incremento de tensiones entre Washington y La Habana, luego de recientes acusaciones estadunidenses sobre presuntas amenazas de seguridad provenientes de Cuba y tras nuevas declaraciones del gobierno cubano denunciando una campaña de presión económica y política contra la isla.
Ante este hecho, el Presidente Miguel Díaz-Canel escribió en X: “Bajo el liderazgo de nuestro Partido, el Estado, el Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activos ni propiedades que proteger bajo la jurisdicción estadunidense”. Añadió que “el gobierno de Estados Unidos lo sabe muy bien, tanto que ni siquiera tiene pruebas que presentar. La retórica anticubana del odio intenta hacer creer que existen tales cosas para justificar la escalada de su guerra económica total.
Por eso seguiremos denunciando, de la manera más firme y enérgica posible, el bloqueo genocida que busca estrangular a nuestro pueblo”. El mandatario cubano expresó, además, que “es inmoral, ilegal y criminal: la orden ejecutiva que persigue y amenaza a terceros que quieren vender combustible a Cuba, y la que extraterritorializa el bloqueo a niveles nunca antes vistos, penalizando a las empresas que quieren invertir en Cuba o simplemente proporcionarnos bienes básicos como alimentos, medicinas, productos de higiene u otros”.